Han pasado casi tres décadas desde que concluyó en Paraguay uno de los regímenes militares más largos y represivos en la historia de Latinoamérica, pero al día de hoy no se ha identificado a uno solo de los más de 400 desaparecidos durante el gobierno de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Eso está en vías de cambiar este año. El Estado paraguayo anunció, hace unos días, la entrega de un fondo de unos US$70.000 para la identificación genética de restos de víctimas del stronismo.
Para el director de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay, el médico Rogelio Goiburú, se trata de un hecho «histórico», que permitirá dar «el puntapié inicial» en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió en el país durante los 35 años de gobierno de facto.
Goiburú, hijo de un desaparecido, realiza excavaciones desde 2009 en tumbas clandestinas descubiertas en todo el país, así como en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía en la capital, Asunción.
Hasta ahora halló 29 cuerpos de presuntos desaparecidos, a los que se suman cinco casos de posibles víctimas del régimen argentino que podrían haber sido asesinados en Paraguay como parte del llamado Plan Cóndor.
Sin embargo, el funcionario no ha logrado hasta el momento identificar los restos hallados, por falta de recursos.
De allí la importancia del fondo estatal, que se usará para contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un prestigioso organismo privado que es referencia mundial en este tema y actualmente colabora en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México).
La ministra de Justicia, Sheila Abed, dijo a la prensa que la identificación de víctimas es «un avance para la reconciliación» y para «mirar al futuro con esperanza».
Pero lo que muchos se preguntan es: ¿por qué se esperó tanto?
Contramano
Lo que ocurre en Paraguay difiere mucho de lo que viene pasando hace años en otros países de la región como Argentina y Chile, donde la política de derechos humanos se ha centrado en la búsqueda y reparación de víctimas de la represión militar.
Paraguay tampoco ha juzgado a quienes se señala como responsables de crímenes de lesa humanidad, más allá de condenar a un pequeño grupo de policías y a un civil que participaron en violaciones a los derechos humanos.
Esto, a pesar de que en ese país sudamericano nunca se votó una ley de amnistía o de «punto final» que limite el juicio a militares, como ocurrió en otros lados.
¿Por qué entonces se viene ignorando a los 423 desaparecidos, los casi 20.000 torturados y los más de 20.000 exiliados -según los datos publicados en 2008 por la Comisión Verdad y Justicia- que dejó el régimen de Stroessner?
El presidente de esa Comisión, el obispo de San Juan Bautista de las Misiones, Monseñor Mario Melanio Medina, le dijo a BBC Mundo que la razón es «la falta de interés de los gobiernos que han venido después de la dictadura».
«La mayoría de los que han seguido tenían miedo de que ellos también pudieran ser responsabilizados o de que iban a encontrarse con muchísima gente comprometida. Por eso no tuvieron el coraje», señaló.
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