Mediante un proyecto de ley se pretende modificar los Códigos, Penal y Procesal Penal, con el objetivo de acelerar los procesos y elevar las penas a los motochorros. Se argumenta que en la mayoría de los casos hay flagrancia, testigos y filmaciones y por ello se quiere acortar la investigación a dos meses. La sanción mínima se busca alzar de 5 a 10 años y la máxima de 15 a 20 años.
En su exposición de motivos, el diputado colorado Dany Durand, refiere que el Poder Judicial no puede estar ajeno a la inseguridad que amenaza a la sociedad paraguaya. “En ese sentido, es necesario que exista tolerancia cero para el que comete delito”, refiere el legislador.
En el proyecto de modificación, tanto del Código Penal como del Procesal Penal, se trabajó muy de cerca con la Corte, a través de su presidenta Alicia Pucheta, aclaró el parlamentario.
Según la propuesta, que ya fue girada a las comisiones de Legislación y de Justicia, es necesario modificar el artículo 167 del Código Penal. Lo que se pretende es endurecer las penas a los motochorros. La mínima se eleva de cinco a diez años y la máxima de 15 a 20 años.
La modificación más amplia afecta al Código Procesal Penal, en donde se introduce el “procedimiento especial de flagrancia”. Ante esta flagrancia se acorta el plazo de investigación de seis a tres meses y además es improrrogable. (Ver infografía).
Según la propuesta impulsada por el diputado Durand a instancia de la Corte Suprema, se va prescindir de la etapa intermedia. “Él órgano jurisdiccional competente notificará la acusación a la defensa y fijará fecha de juicio oral dentro del plazo ordinario”. Agrega que “el control de la acusación, la admisión de la prueba y toda otra cuestión incidental serán planteadas y resueltas en la forma prevista en el artículo 382, segunda parte”.
“El imputado o su defensor deberán ofrecer la prueba de la que se valdrán en el juicio en el plazo de cinco días de notificada la convocatoria, a cuyo efecto, el secretario del tribunal expedirá las órdenes necesarias para su producción en la sustanciación”. La sustanciación del juicio oral y público deberá realizarse a más tardar en el plazo de veinte días.
Combate
Durand manifestó a nuestro diario que el objetivo principal del proyecto es el combate a la delincuencia, que es atribuida a diferentes causas, entre ellas la desigualdad social causante de la marginalidad, la falta de trabajo, de educación, etc.
“Notando la creciente comisión de hechos punibles graves, es necesario determinar y establecer políticas claras, a modo de frenar la inserción de personas, reincidentes o no, en la comisión de hechos punibles”, enfatiza el legislado en la exposición de motivo.
El parlamentario mencionó que también trabajó en este proyecto el juez de garantías Paublino Escobar.
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