El presidente Nicolás Maduro decretó de nuevo el “estado de emergencia económica” en Venezuela, con el que pretende seguir disponiendo –incluso– de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos. Acusa a empresarios y a la oposición de instalar una “guerra económica” para provocar escasez de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad y generar descontento popular.
CARACAS (AFP).Durante la presentación de su informe anual de gestión, el mandatario venezolano firmó el decreto de “emergencia económica”, el primero de este año, pero que implica una sexta extensión a este documento que lanzó hace un año.
La oposición había declarado al presidente socialista, Nicolás Maduro, en “abandono del cargo” y uno de los argumentos claves fue la crisis económica: culpan a Maduro de resquebrajar “las bases sociales y económicas” del país. Aseguran que existe “una crisis humanitaria”.
Con la firma de este decreto, el mandatario podrá disponer de los recursos públicos sin control del Parlamento, así como de mercancías privadas para garantizar abastecimiento de bienes de consumo y primera necesidad.
Maduro dijo que este decreto le permitió “transitar la tormenta” en un 2016 que calificó como “duro”, de “resistencia” y de la “intensificación del asalto al poder por parte de la oligarquía”.
“Los estados de excepción y emergencia económica han sido un instrumento extraordinario para poder maniobrar en medio de la crisis y para poder enfrentar el sabotaje de la Asamblea Nacional (Parlamento)”, dijo.
El presidente del Legislativo, Julio Borges, señaló que la única solución a la crisis es que haya elecciones libres, algo que lo que el chavismo se opone.
Ignora al Parlamento
La directiva del Parlamento –de mayoría opositora– aseguró que la presentación del informe anual de gestión del presidente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante el Legislativo, es una muestra de que gobierna fuera de la Constitución.
El TSJ declaró en desacato al Legislativo, y considera que sus decisiones son nulas por haber tomado juramento a tres diputados opositores cuya elección fue suspendida a raíz de una denuncia de fraude del chavismo.
Dividida en torno al diálogo con el chavismo y a la estrategia para sacar a Maduro del poder, la oposición convoca a una marcha el 23 de enero para presionar por un adelanto de las elecciones generales, previstas para fines de 2018.
Maduro, preparándose para una nueva etapa de confrontación, nombró vicepresidente a Tareck El Aissami y lo puso al frente de un “Comando antigolpe”, que a días de su instalación encarceló a 7 opositores, entre ellos un diputado suplente.
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