Jurídicamente –y si la Corte brinda su «certeza constitucional» a la emisión de bonos es inobjetable que se pueda ejecutar esta atribución por parte del Ejecutivo, según analistas. No encuentran objeciones a la medida.
«Sin ser abogado, entiendo que si la Corte Suprema dictamina en una causa y cuando hay dos grupos que no se ponen de acuerdo (en este caso Hacienda y algunos parlamentarios), entonces la máxima instancia es la que resuelve», explicó Ferreira.
Por su parte, Canova mencionó que –en nombre de la objetividad– se debe tener en claro que se está usando el PGN 2016, porque el de 2017 fue rechazado. «Y el PGN 2016 confirmaba la emisión de títulos internacionales», subrayó.
A su criterio, la medida cautelar emanada de la Corte es de urgencia y es tomada por Hacienda para no dejar duda alguna de una supuesta ilegalidad; pero dejando de lado lo jurídico, optó por adentrarse en lo financiero y sugirió que el Estado no siga creciendo en su carga salarial e impulse medidas para no tener que apelar siempre a la emisión de bonos para pagar deudas.
Recomendó bajar el costo del aparato estatal, y que las instituciones sean autosustentables financieramente, con mejora de la calidad del gasto y castigo a los ex directivos de instituciones públicas con procesos abiertos.
Sobre las amenazas de legisladores, que indicaron eventuales advertencias a los brokers sobre la supuesta ilegalidad de emitir bonos sin pasar por el Parlamento, dijo que aquellos entenderán que ya es un tema político; y que ciertas crispaciones podrían hacer que se deba pagar más por los intereses, pero no esperan mayores efectos.
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