El gobernador Rodolfo Friedmann anunció que recurrirá a una pericia internacional para analizar la firma de su supuesta renuncia. Descalificó al perito que dijo haber determinado la autenticidad del documento, al que la Fiscalía aún no pudo acceder.
Ante la conclusión de autenticidad de la firma obrante al pie de la supuesta renuncia de Rodolfo Friedmann, el gobernador anunció que solicitará una pericia caligráfica internacional, descalificando el trabajo del perito Librado Sánchez, quien aseguró haber hecho el trabajo a pedido del presidente de la Junta Departamental, Rodolfo Pereira.
“Hizo el peritaje de manera ilegal. Cómo accede el perito a un documento que solamente lo maneja el presidente de la Junta Departamental, ni la Fiscalía pudo acceder. Dicen que compararon con resoluciones de la gobernación, es decir, sustrajeron documentos públicos para hacer una pericia”, señaló.
Puso en duda la credibilidad del perito contratado por Pereira, considerando que Sánchez fue el mismo que evaluó firmas de los colonos Raiter que fueron falsificadas por el grupo Favero. “El caso del Grupo Favero que a través de maniobras judiciales falsificaron firmas de colonos y pregunten ¿quién fue el perito?”, cuestionó.
Ratificó que el acto de renuncia debe ser voluntario. “Yo no renuncié y no pienso renunciar”, sentenció.
Por su parte, Juan Ernesto Villamayor, abogado del Gobernador, agregó que la pericia será solicitada a una empresa norteamericana. Señaló que para que se realice un peritaje se necesita un testimonio de la contraparte, sin embargo, en su opinión, nadie se animará a declarar.
Sobre las declaraciones del perito Sánchez, quien dijo que se trata de una pericia indubitada, cuestionó su idoneidad, considerando que ese tipo de pruebas se caracteriza por ser “incontrovertido”. “Ningún perito puede determinar eso. Una pericia es un acto controvertido y no unidireccional. Una sola parte tampoco puede hacerlo, necesita el concurso de ambas partes”, explicó.
Consideró además que al ser el perito contratado de forma privada, “no sirve para absolutamente nada. Sin ningún efecto jurídico válido, pero sí político”, señaló.
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