Los privilegios para algunos funcionarios de la defensa pública no acaban, incluso ahora que tienen una nueva defensora general interina, Selva Morel, la institución parece estar lejos de transparentar su gestión.
Una serie de irregularidades deja nuevamente al descubierto al Ministerio de la Defensa Pública (MDP). A pesar de los cambios de direcciones que se dieron en los últimos meses y que de principio se pensó sería la solución para la ola de irregularidades en la institución, todo continúa de la misma manera, pero con nuevas cabezas al frente. Los ascensos y nombramientos sin concurso se encuentran a la orden del día y coincidentemente todo queda en un ambiente familiar.
Una de las privilegiadas sería la abogada Liz Carolina Ibarra Santa Cruz, quien según la planilla de enero del MDP se desempeñaba como asistente de la defensoría del área penal, con una asignación salarial de G. 7.974.686, sumadas sus horas extras y bonificaciones. En ese mismo mes (enero), Ibarra ascendió al cargo de jefa de la unidad de Administración y Fiscalización de Contratos –para lo cual la institución ni siquiera llamó a concurso–, pasando a ganar G. 11.464.000 más horas extra.
De acuerdo a la nómina de funcionarios de la Defensoría, en febrero Liz cobró G. 559.091 equivalente a horas extra, lo que hace suponer que permanece en la oficina hasta las 15:00, como ocurre con los demás empleados; sin embargo, al intentar contactar con ella alrededor de las 14:30 ya no se encontraba en su lugar de trabajo, donde la recepcionista de la sección manifestó que la misma se retira a las 13:00 por lo general –salida estipulada en la jornada laboral diaria–.
Un hecho muy común en el MDP, donde existen varios clanes familiares, también se cumple en el caso de Liz Carolina, quien ingresó en el 2009 a la institución y donde a partir del 2012 trabaja en compañía de su hermana, Nora Clarisse Ibarra, quien recibe mensualmente un salario de G. 6.478.905.
RECONOCIÓ ASCENSO
El equipo de La Nación se puso en contacto con la abogada, quien aceptó efectivamente que no había participado de ningún concurso para su ascenso, argumentando que se trataba de un cargo administrativo y de confianza. Liz Carolina aseguró que «nunca se concursó para los cargos administrativos, porque estos dependen directamente de la defensora general, Selva Morel»; pero conforme a funcionarios de la institución, los «cargos de confianza» son los destinados a secretarios privados, directores y asesores, no así a los jefes de áreas, contradiciendo lo manifestado por Ibarra.
Incluso, existen precedentes de funcionarios que cumplieron con todos los requisitos para llegar al mismo puesto que Liz Carolina, como puede comprobarse ingresando al sitio web www.mdp.gov.py. En la portada, aparece una lista de criterios de evaluación para los concursos internos, siendo uno de ellos aprobar el 60% de las pruebas psicotécnicas, de conocimientos jurídicos y administrativos. También se pueden acceder a los resultados de concursos, uno de ellos fue publicado el 21 de marzo y nombra a Jorge Daniel Bonzi Mereles como el postulante que aprobó el 60% de las pruebas para ocupar el cargo de «jefe de área», el mismo cargo ocupado por Liz Carolina y que según ella no requiere de concurso.
SUMA URGENCIA
En conversación con la defensora general interina, Selva Morel, y el director de Talento Humano, Juan Carlos Duré, confirmaron que sí otorgaron el puesto a Liz Carolina por encontrarse en una situación de «suma urgencia». Aseguraron que había una gran cantidad de trabajo en la sección que requería la incorporación inmediata de un jefe de área, motivo por el cual no llamaron a concurso. Al ser consultada si en ese caso Liz Carolina estaba nada más en carácter de interina, mientras realizaban el proceso correspondiente, Morel dijo no recordar la situación actual de la funcionaria.
Fuente: La Nación.
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