El diputado Ariel Oviedo, de la ANR, presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea que ningún funcionario nombrado o de elección popular, que haya participado en actos de corrupción, vuelva a ocupar cargos públicos.
El argumento del legislador refiere que en nuestro país son incontables las denuncias sobre actos de corrupción por parte de funcionarios públicos o de elección popular, conforme con las noticias, artículos periodísticos o investigaciones que han tomado estado público.
El proyecto de ley “Que establece la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular” pretende ser una medida para posicionar una figura jurídica, que ya estuvo regulada en el Paraguay en el año 1910 y posteriormente derogada, que es la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos o de elección popular.
Oviedo alega que de estos hechos nace la necesidad de la creación e implementación de una sanción penal para actos de corrupción, pues el sujeto ha cometido un acto infamante para el Estado.
Señala que el Paraguay se encuentra en la posición 123 de 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de la organización Transparencia Internacional.
El diputado de la ANR manifestó que confía en que los paraguayos tienen conciencia ciudadana mucho más ahora que antes.
Ámbito. El ámbito de aplicación de esta ley abarca a las personas condenadas por hechos punibles tipificados como enriquecimiento ilícito en la función pública; tráfico de influencias; administración en provecho propio; cohecho pasivo; cohecho pasivo agravado; prevaricato; coacción respecto de declaraciones; tortura; etc.
Ley existente. La inhabilitación especial ya se encuentra prevista en las siguientes leyes: Ley Nº 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”; Ley Nº 2889/06 “Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado”.
Estas leyes establecen una inhabilitación de hasta 10 años. Este nuevo proyecto de ley pretende elevar la sanción hasta 20 años.
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