El jueves pasado, en horas de la tarde, se presentó en sede de la sección de investigación de delitos de Caaguazú, Rosalino Allende Zelaya (25), de profesión agricultor, comunicando que había adquirido un animal presumiblemente hurtado, por la suma de 500 mil guaraníes.
En el caso se encuentra implicado el capataz de la estancia Granos Toledo S.A. Se trata de Milciades Vázquez Martínez, quien fue imputado por la unidad especializada en Lucha Contra el Abigeato del Ministerio Público de Caaguazú y que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia.
El establecimiento ganadero, pertenece al ex intendente de Repatriación Jorge Torales quien había denunciado el hurto de 29 cabezas de ganado en Villa San Juan.
La unidad Policial de la Comisaria 24 tuvo conocimiento del hecho a través de una denuncia formulada por el propietario en la oficina de guardia.
De inmediato el personal de la Unidad Antiabigeato realizó un rastrillaje en búsqueda de los vacunos desaparecidos.
Este Jueves, 6 de Julio pasado, en la compañía Villa San Juan, distrito de Caaguazú, los agentes de la Brigada Antiabigeato pudieron localizar uno de los 29 vacunos hurtados en el domicilio de Vázquez Martínez, por lo que se procedió a la verificación de las pintas de marcas correspondientes, una vez corroborado, se hizo entrega del animal al dueño.
El abigeato en Caaguazú, es un mal de larga data y que muy difícilmente pueda ser controlado en corto tiempo. El cuatrerismo o abigeato se está volviendo un mal endémico que opera ya como todo un sistema poniendo en zozobra a los productores pecuarios.
En ese sentido, el oficial Edgar Sanabria instó a sus subordinados a atrapar a los cuatreros con evidencias para ponerlos a cargo de la justicia. El oficial mencionó que si bien el hecho representa una millonaria pérdida para el dueño, lo peor de todo es que los cuatreros no respetan absolutamente nada y roban o faenan hasta el único buey de un agricultor o hasta la única lechera de una campesina, con la cual debe mantener su familia.
El oficial Sanabria, refirió que la falta de control sobre carnicerías y otros locales de venta de carne hace que los cuatreros operen impunemente y sin inconvenientes.
Posteriormente, el fiscal interviniente Alfredo Mieres, imputo a Rosalino Allende bajo el cargo de reducción.
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