El legislador colorado Éber Ovelar aseguró que, de aprobarse el aumento de topes de aportes para las campañas, se abrirán puertas al uso del dinero del narcotráfico en política. El proyecto sigue en estudio.
La intención de ampliar a unos USD 700.000 los topes para aportes privados a las campañas políticas abre una gran puerta para que el dinero sucio del narcotráfico y de otros negocios ilícitos ingrese a la política y capture al Estado para sus oscuros intereses, según opina el diputado colorado Éber Ovelar, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, que estudió el proyecto de modificación de la Ley Nº 4743/12 «Que regula el Financiamiento Político».
Ovelar señala que, con el poco control que existe, los narcotraficantes y delincuentes de guantes blancos pueden configurar sociedades anónimas que laven dinero en las campañas y, además, instalen personas leales a sus intereses en los cargos públicos.
«Ese ciudadano electo mañana puede responder a un aporte corporativo que disfraza el origen real del dinero sucio. Hablamos concretamente de los casos de la megaevasión de Ciudad del Este, por ejemplo, o aquellos casos donde se detectaron sumas siderales que se remesaban al exterior, unos USD 1.250 millones, a través de estas empresas de maletín. Unas cuantas de estas empresas de maletín ya están vinculadas al narcotráfico. Entonces, hoy no existe inconveniente para que una sociedad de fachada sea la que te aporte los USD 700.000 a tu campaña, ese es el tema de fondo», expresó.
DESCONTROL Y ABUSO. El legislador detalló que la intención inicial del proyecto era aumentar los controles a las campañas políticas y ampliar el número de instituciones que intervengan en este trabajo, pero en el tratamiento en el plenario de la Cámara de Diputados este espíritu se pervirtió y, finalmente, modificaron aspectos que terminan ampliando el descontrol y el abuso. Los legisladores al final dejaron en foja cero el documento y lo volverán a estudiar justamente tras las críticas que recibieron por aumentar los topes.
«La esencia de una ley de estas características es transparentar los fondos que se invierten en las campañas políticas, que ese dinero sea exento de sospecha de un origen turbio; entonces, cuando hablamos de los techos de los aportes apuntamos a algo bien básico, que sea lo menos concentrado posible, o sea, que cuanto más personas aporten a mi campaña con un techo de G. 500.000, por ejemplo, el candidato va a tener la posibilidad de recibir de muchas personas, y no solamente de una, como sería con un techo de USD 700.000, que con eso se paga toda una campaña y, por lo tanto, le debés tu banca a solamente una persona», explicó Ovelar.
Señaló que esta situación de aumento de topes para campañas políticas distorsiona el principio filosófico que sustenta a la representación popular y a la democracia representativa, como se define en la propia Carta Magna. Dijo que toda la doctrina en materia electoral apunta a que los aportes sean lo más difuso y general posible, de manera que los candidatos se deban a todos, y no a uno.
UNO. Ovelar se adentró en otro aspecto de esta situación, el referente a quién podría ser ese contribuyente único a la campaña de un candidato y qué intereses podrían entrar a tallar y controlar a este funcionario público que logró ingresar con el dinero de este único aportante.
«El segundo aspecto es quién puede ser el uno, y ahí puede ser una corporación con un interés específico, algún lobby particular que quiere instalar el día de mañana a través de un representante en el Congreso; esto es lo que se pretende evitar con la difusión del aporte electoral», expresó y señaló que también en este grupo podrían entrar las empresas de fachada que lavan dinero para el narcotráfico.
Dijo que en los casos de dinero sucio, no sería un narco conocido como Cabeza Blanca o Capilo el que ponga el dinero, sino una sociedad anónima montada para lavar el dinero de estos, y en eso radica el peligro principal de una legislación como la que se propone con esos topes altos y bajos controles.
«Esa es la trampa que se puede dar con este esquema, y eso es lo que nos tiene que preocupar, por eso digo que se distorsiona el objetivo inicial que tuvo la Ley de Financiamiento Político», advirtió.
TRAMPA. El legislador colorado coincidió en que los puntos abordados y modificados en el plenario, a través del polémico diputado Bernardo Villalba, señalado por defender como abogado a personas acusadas de delitos de narcotráfico, no fueron estudiados ni planteados en las comisiones asesoras.
Aclaró que las modificaciones al texto base de la Comisión de Asuntos Constitucionales solamente tenían que ver con el aumento de instituciones de control; en este caso, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), propuesta rechazada en el plenario.
«Lo que nadie esperó, al menos yo no esperaba, es que se plantee la elevación del tope, y ahí es que se comenzó a generar este conflicto y básicamente derivó en la aprobación de un texto totalmente distinto al que teníamos en expectativa», dijo el diputado.
Se mostró de acuerdo con el hecho de que esta jugada finalmente hizo que el proyecto de modificación de la ley adquiera una connotación fuera de la intención original, lo cual provocaría que termine aprobada para mal o, en su defecto, rechazada, enterrando la idea original de aumentar los controles a las internas y que más instituciones colaboren en el control.
El proyecto volvió a comisión para su estudio y será tratado en la semana, donde se estudiarían topes a las publicidades; luego debe volverse a tratar en el plenario de la Cámara de Diputados.
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