Problemas que no se resuelven con la condonación de la deuda campesina

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El pedido de condonación de la deuda de campesinos representa solo una herramienta de prolongar la agonía de un modelo económico, social y cultural que puede actualizarse para lograr mejores niveles de vida, siempre y cuando se apliquen conocimientos técnicos para producir más y mejor. Mantener un esquema de condonación o subsidio marca un mal precedente, aumentando el riesgo moral que no contribuye al desarrollo económico y sobre todo financiero del país. Tampoco favorecería a los grupos en protesta, considerando que la problemática del sector no se erradicará con parches, sino con reformas profundas, que van desde la educación financiera hasta la capacidad de ejecutar planes de negocios.

 

Las nuevas manifestaciones campesinas, la segunda del año después de la tradicional movilización de marzo, presentan dos reivindicaciones principales. Por un lado, solicitan la condonación de las deudas contraídas con las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, inclusive después de haber logrado que el Gobierno haya cumplido todos y cada uno de los compromisos acordados a finales de abril del presente año.

En esa oportunidad, el Gobierno accedió a entregar un resarcimiento por las pérdidas climáticas y la caída de los precios de los principales rubros agrícolas de renta, específicamente el sésamo y la mandioca. El monto otorgado en concepto de ayuda para la producción, a las mismas organizaciones campesinas que hoy solicitan la condonación de sus deudas, ascendió a G. 10.000 millones, además de la exoneración de intereses por un valor superior a los G. 38.000 millones, a lo que debe agregarse la compra de la deuda por G. 5.000 millones facilitada por el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la refinanciación del pasivo de los agricultores familiares por parte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).

La justificación de estas medidas fueron las pérdidas en producción, que terminaron por disminuir sensiblemente los ingresos de los agricultores. Esta situación dificultó en extremo el pago de los créditos a las instituciones financieras. Un aspecto relevante es que la mayor parte de la deuda campesina era con comercios de electrodomésticos y de venta de motocicletas, es decir, no directamente vinculada a la producción agrícola.

Ahora piden condonación

A solo cuatro meses de haber recibido una suerte de subsidio por parte del Gobierno, las organizaciones de campesinos solicitan la figura de la condonación de sus deudas, por aproximadamente US$ 34 millones, sin que existan nuevas evidencias que justifiquen dicho monto de dinero.

De igual forma no se han producido nuevas pérdidas en los cultivos agrícolas, puesto que la zafra de los productos principales aún no ha comenzado como la campaña del sésamo, uno de los rubros que fueron afectados por las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, entre los argumentos primordiales de los labriegos se encuentra que si el Gobierno compró la deuda de una empresa en quiebra como Azucarera Iturbe, puede hacer lo mismo con el pasivo campesino. Esto demuestra que cuando el Estado interfiere en la economía en la forma que lo hizo, no emite mensajes favorables para el correcto desarrollo de los procesos productivos.

Ante este escenario es pertinente volver a plantear la problemática profunda de la economía y de la sociedad campesina. ¿Cuáles son las limitaciones, los frenos y las barreras que no han permitido que los campesinos logren mayores ingresos y accedan a mejores niveles de vida? ¿Han sido eficientes los programas y proyectos que se orientan a satisfacer las demandas de los agricultores familiares? Responder estas preguntas exige una mínima reflexión histórica sobre las dificultades estructurales de la población campesina para acceder a la tierra, principal recurso productivo, pero también a créditos, tecnologías productivas y mercados, sin contar con otros elementos de infraestructura como caminos, rutas, servicios de salud y educación de calidad.

Problemática campesina

Para J.M. Kleinpenning (Paraguay rural 1870-1963, Editorial Tiempo de Historia), uno de los estudiosos más sistemáticos de la ruralidad paraguaya, la problemática campesina, al menos hasta mediados de 1960, se podía resumir en la escasez de la tierra, la baja calidad del suelo (incluyendo la erosión), el crecimiento familiar (número elevado de miembros pequeños), la falta de capital, y sobre todo los conocimientos agrícolas arcaicos y, a veces, la falta de mano de obra para los momentos de uso intensivo de la misma.

Las décadas siguientes se caracterizaron por la colonización interna, donde cientos de agricultores familiares tuvieron acceso a tierras fértiles en los departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, pero la reforma agraria oficial no pudo arraigar a los mismos que decidieron migrar a áreas urbanas o volver a sus zonas de orígenes. Entre 1980 y 1990 el cultivo del algodón permitió, al menos en parte, que los agricultores familiares accedan a la economía monetaria de forma relativamente favorable. En este periodo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no entregaba ni cheques ni subsidios, ni invernaderos, sino se concentraba exclusivamente en el paquete tecnológico: semillas mejoradas y adaptadas, tubos matapicudos y sobre todo, asistencia técnica acorde a las necesidades.

No obstante, la escasa implementación por parte de los agricultores familiares de buenas prácticas agrícolas, especialmente en lo referente al cuidado y gestión de los suelos, hizo que la fertilidad de los mismos disminuya y que se tradujera naturalmente en una caída de la producción, que terminó trasladándose a una reducción considerable de los ingresos.

Falta de mejores prácticas y técnicas

La escasa habilidad de la gran mayoría de los agricultores familiares para incorporar las mejores prácticas y técnicas de producción, tanto de siembra, cuidados culturales, cosecha e inclusive poscosecha, ha reducido considerablemente la eficiencia de los mismos, al menos desde una perspectiva de integración al mercado nacional e internacional. La merma en la productividad no suele ser considerada como el elemento clave que explica la disminución de los ingresos, razón por la cual se traslada la responsabilidad a los “bajos precios”.

Los ingresos monetarios de las familias campesinas en la última década no se incrementaron, sino que se mantuvieron, y en la mayoría de los casos disminuyeron, como resultado de la muy baja capacidad productiva, inclusive con incentivos inéditos de una demanda de productos cada vez mayor, aunque con estándares mínimos de calidad, como en el caso del sésamo. No debe olvidarse que existen agricultores familiares que lograron integrarse a cadenas de valor, recibiendo semillas mejoradas, asistencia técnica de las firmas exportadoras y sobre todo, una conexión a los mercados, experimentando un progreso económico y social más pronunciado que el resto de los agricultores. No obstante, las oscilaciones de los precios en el mercado mundial, afectan significativamente a los ingresos de los hogares.

Un aspecto fundamental de la problemática campesina es su estructura demográfica, caracterizada por un proceso de migración sostenida de los miembros en edad de trabajar, que prefieren las opciones y oportunidades de las nuevas ciudades intermedias, como Santa Rosa del Aguaray, Curuguaty, San Juan Nepomuceno, San Estanislao, etc. y sin contar a las ciudades consolidadas como Coronel Oviedo, Caaguazú y Villarrica.

Otro factor que explica el menor crecimiento de la población rural es la disminución en la cantidad de hijos por mujer, debido a la migración de las féminas en edad fértil, lo que termina reduciendo considerablemente la mano de obra disponible para las labores productivas agrícolas, así como de la vivienda. La fuerza de la agricultura familiar campesina es exclusivamente la mano de obra de la familia, y la contratada cuando la situación lo amerita. Al no ser mecanizada, depende de los miembros del hogar para poder explotar la finca.

Peligroso retroceso en el sésamo

Durante muchas décadas se sostuvo que la problemática era el acceso a la tierra, por más de que en los últimos 40 años se distribuyeron en la Región Oriental unos 3 millones de hectáreas, de las cuales más del 60% no ha sido titulada, es decir, no ha pasado efectivamente a manos de los agricultores, sea por burocracia del Indert o por desinterés y desconocimiento de los beneficiarios.

Desde inicios de la década del 2000, el sésamo comenzó a emerger como rubro de renta, de la mano de una presencia decidida y dinámica de empresas privadas que impulsaban el cultivo y aseguraban la compra. De esta forma, este rubro comenzó a reemplazar al algodón como principal cultivo de renta, especialmente en departamentos como Concepción y San Pedro. La plantación de sésamo es responsable de inyectar importantes sumas de dinero a la economía campesina, favorecida en sus inicios por una producción relativamente alta, al igual que los precios. Sin embargo, la productividad por hectárea fue bajando de manera considerable, debido a la no implementación de buenas prácticas agrícolas, entre las que se cuentan la rotación de cultivos y la siembra directa. Peor aún, las autoridades municipales y las gobernaciones han facilitado maquinarias para arar y rastrojear las parcelas campesinas. Estas prácticas arcaicas no favorecen a la fertilidad y el manejo de los suelos, acelerando la erosión y la pérdida de materia orgánica.

Tampoco debe olvidarse el mayor nivel de calidad de sésamo exigido por el principal comprador, Japón. Los esfuerzos de las empresas en mejorar la calidad de la producción y demás problemas financieros se tradujeron en menores inversiones y seguimiento a los cultivos, razón por la cual en la última campaña la disminución de la superficie cultivada ha sido muy marcada.

Almidón de mandioca, sustento en San Pedro y Caaguazú

Una cadena de valor que aporta ingresos a la economía campesina es la mandioca, que es procesada por diversas empresas, especialmente Codipsa, que dispone de cuatro fábricas de almidón. En los últimos años el precio internacional ha disminuido sensiblemente, en un mercado de mucha competencia. Al menos en este rubro, los suelos pobres aún logran producir cantidades que aunque bajas, siguen siendo convenientes para los labriegos.

Al igual que el caso del sésamo, la cadena de valor de la mandioca y el almidón representan esquemas de obtención de recursos monetarios muy importantes para las familias, pero a condición de que el precio del producto sea alto. El único factor de producción que los campesinos pueden controlar es la productividad propia, medida en kilos o toneladas por hectárea, no así el precio de venta ni el clima, sin embargo, no se han realizado las tareas necesarias para incrementar la productividad, sino que se transfiere la responsabilidad del éxito o del fracaso del proceso productivo al precio de venta.

Ni los programas y proyectos del MAG ni la de decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) han logrado que los agricultores integren e incorporen las técnicas productivas modernas y apropiadas para mejorar la productividad. Solo una pequeña porción de agricultores ha aprovechado estas oportunidades y ha logrado mejores niveles de vida, asegurando el arraigo y la reproducción del modelo cultural campesino.

En otras zonas, los campesinos se han aliado a productores medianos y grandes para cultivar rubros no tradicionales para el segmento campesino como la soja y el maíz, pero que generan ingresos importantes para las familias de productores.

Finalmente, el problema grave de la economía campesina es su muy baja capacidad de producir ingresos, sobre todo en un mundo donde los bienes y servicios tienen valor monetario. En términos sociales, la supervivencia misma del modelo campesino se encuentra amenazada y no necesariamente por factores externos como la agricultura tecnificada o el avance de la ganadería, sino por las profundas falencias internas que le impiden aprovechar la tierra, los créditos y las capacitaciones. El pedido de condonación de deudas representa solo una herramienta de prolongar la agonía de un modelo económico, social y cultural campesino que puede reponerse, integrarse y modernizarse para lograr mejores niveles de vida, siempre y cuando se apliquen conocimientos técnicos para producir más y mejor.

Las prácticas de condonación, refinanciación o exoneración, salvo situaciones especiales, deberían erradicarse como política de gobierno para evitar seguir sentando precedentes en el sistema económico nacional, que solo terminan siendo nocivos para los grupos en cuestión.

Pasivo

Un aspecto relevante es que la mayor parte del pasivo campesino era con comercios de electrodomésticos y de venta de motocicletas.

Merma

Merma en productividad no suele ser tildada como elemento clave para explicar el bajo ingreso, y lo trasladan “a los bajos precios”.

Drama

El grave problema de la economía campesina es su baja capacidad de producir ingresos, en un mundo donde bienes y servicios tienen valor monetario.

Ley

Plantearon anteproyecto de rehabilitación financiera, con subsidio de cuentas con privadas y que el Estado se encargue de la pública.

Erradicar

Prácticas de condonación, refinanciación o exoneración, salvo situaciones especiales, deberían erradicarse como política de gobierno.

Cifras

16.862 agricultores mantienen deudas de G. 65.000 millones con bancos públicos y más de G. 125.899 millones con entidades privadas.

Caos

La ciudadanía viene soportando un calvario diario para transitar libremente por las calles de la capital del país, a causa de las protestas.

A solo cuatro meses después de haber recibido una suerte de subsidio por parte del Gobierno, las organizaciones campesinas solicitan la figura de la condonación de sus deudas, por aproximadamente US$ 34 millones, sin que existan nuevas evidencias que justifiquen dicho monto de dinero.

Uno de los argumentos esgrimidos por los labradores es que si el Gobierno compró la deuda de una empresa en quiebra como Azucarera Iturbe, puede hacer lo mismo con sus pasivos, lo que demuestra la mala señal que da el Estado cuando interfiere en la economía.

Ni los programas y proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ni los de las decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han logrado que los agricultores integren e incorporen las técnicas productivas modernas y apropiadas para mejorar la productividad.

 

 

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