La ministra de Hacienda, Lea Giménez, reiteró que no es correcto sancionar una ley sin tener una fuente de financiamiento y volvió a tratar de irresponsables a los legisladores que votaron a favor del subsidio a campesinos. La ayuda económica a labriegos vuelve a estar en manos del Congreso tras el veto del presidente Horacio Cartes.
El proyecto de ley de rehabilitación financiera, que incluye el subsidio a las deudas de campesinos, fue el tema central a lo largo de la semana. Los labriegos consiguieron que el documento sea sancionado en el Congreso.
Si bien el presidente Horacio Cartes manifestó a sus allegados que respetaría la decisión de los legisladores y no vetaría la normativa, rápidamente cambió de opinión, y de manera sorpresiva, objetó totalmente el documento.
Para la ministra de Hacienda, Lea Giménez, el mandatario tomó la decisión correcta al considerar los aspectos políticos, económicos y sociales. También reiteró su postura contraria contra los legisladores que estuvieron a favor de la normativa.
Dijo sentirse asustada por las decisiones ligeras que muchas veces se toman en el ámbito legislativo sin tener en cuenta la variables de financiamiento.
«Plantear una ley en base a una expectativa de que se van a generar impuestos a futuro revela una tremenda irresponsabilidad de quienes votaron a favor del subsidio y eso me asusta», expresó la secretaria de Estado al programa La Lupa de Telefuturo.
PRESUPUESTO. Explicó que en el Presupuesto General de la Nación se tiene previsto un monto estipulado para que no sean gastos rígidos. «Son los únicos que podemos tocar a la hora de tratar de generar recursos que no estaban previsto en el plan de gastos», refirió.
Son USD 332 millones, de los cuales, USD 320 millones corresponden a tres programas sociales como alimentación escolar, adultos mayores y Tekoporã.
«Esos 300 millones de dólares serían los más fáciles de recortar o también recortar la inversión en infraestructura», refirió. Sin embargo, dejó en claro que perjudicaría enormemente a un sector vulnerable o al desarrollo del país.
RECHAZO AL VETO. El proyecto de ley nuevamente volverá a la Cámara de Senadores para tratar el veto presidencial. Los legisladores necesitan de 23 votos para ratificarse en su aprobación inicial.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, ambas cámaras legislativas deben estar de acuerdo para rechazar la decisión del Ejecutivo. Si existe diferencia de criterios quedará vigente el veto del Ejecutivo.
«La responsabilidad de poner al país por encima de los intereses electorales vuelve al Congreso y les pido a todos ustedes que observen la conducta de los representantes del pueblo en los próximos días», concluyó el mandatario.
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