Por novena vez, se postergó la diligencia judicial para el ex ministro de Obras Públicas, Enrique Salyn Buzarquis, quien recusó a la jueza penal de garantías, María Griselda Caballero, en la causa que enfrenta por lesión de confianza y otros.
Una vez más, el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Enrique Salyn Buzarquis, acusado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas, logró suspender la audiencia preliminar valiéndose de maniobras jurídicas. Esta es la segunda recusación que formula contra la jueza de garantías, María Griselda Caballero, para dilatar el proceso penal que enfrenta. La primera recusación contra la citada magistrada había sido presentada por su abogado, José Almada, pero Caballero fue confirmada por los magistrados superiores.
La suspensión más reciente data del 12 de julio pasado, cuando el ex ministro del MOPC recusó a la fiscala interina, Liliana Alcaraz, 16 minutos antes de la hora prevista para la audiencia. Antes, en junio, se había postergado la diligencia judicial a raíz de que los representantes legales de Buzarquis presentaron un certificado médico en el que constaba que debía guardar reposo; sin embargo, el político liberal, afín al titular del PLRA, Efraín Alegre, estaba en Uruguay acompañando a cinco fugados de la justicia paraguaya –imputados en las causas de la quema del Congreso y de la fabricación de bombas molotov en el PLRA–.
Buzarquis sostiene, en su intención de apartar a la magistrada, que el titular del PLRA había denunciado a la jueza ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dentro del proceso penal que investiga las pintatas realizadas frente a la residencia particular del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y que al ser él afiliado y dirigente liberal la magistrada podría «tener un prejuicio respecto al presente proceso judicial».
Llamativamente, la denuncia de Alegre contra Caballero data de febrero de este año y recién ahora Buzarquis se dio cuenta de que podría afectar la objetividad de la jueza en el proceso penal que soporta. El único objetivo del dirigente efrainista sería dilatar el caso, por esta razón, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deberían tomar cartas en el asunto y disponer una investigación interna para conocer los motivos de las reiteradas suspensiones en la causa.
ANTECEDENTES
En el 2015, la fiscal Victoria Acuña acusó a Buzarquis de haber ocasionado un perjuicio al Estado de US$ 600.000 al firmar un convenio, sin la autorización del Ejecutivo, con la empresa italiana Anas International Enterprise SPA, para estudios de suelo en el Chaco y el departamento de Ñeembucú, trabajos que ya habían sido realizados por otra empresa.
Ayer, Buzarquis insistió en que es inocente por el delito que el Ministerio Público lo acusa y agregó que no confía en el Poder Judicial y que ningún ciudadano paraguayo tiene garantía para someterse a la Justicia.
OTRO PROCESO
Buzarquis soporta otro proceso penal por uso de certificado de salud de contenido falso tramitado ante el juez Paublino Escobar. Con el documento médico, firmado por el doctor Hernán Codas Jacquet, el efrainista logró suspender la audiencia preliminar prevista para el 13 de junio, cuando se encontraba en Uruguay. Igualmente, está procesado Codas Jaquet por el supuesto hecho punible de expedición de certificado de salud de contenido falso.
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