Varios agricultores declararon en el juicio oral y público que auditores de Contraloría General no consignaban en actas las irregularidades relatadas sobre la provisión de insumos. Con esto se ratifica que hubo un intento de encubrir millonarios desvíos en el MAG durante la gestión del senador liberal Enzo Cardozo y su sucesor Rody Godoy.
El juicio oral a los auditores de la Contraloría General de la República, Críspulo Corvalán, Éber Espínola y Lucila Troche, evidencia el intento de camuflar gestiones.
Tanto Cardozo como Godoy soportan acusaciones por lesión de confianza y chicanean actualmente para no ir a juicio oral. Por un lado, están acusados por el desvío de nada menos que G. 68.000 millones y por el otro, de G. 3.100 millones. Sin embargo, el Ministerio Público descubrió en julio de 2014 la presunta adulteración de actas dentro de la investigación penal por el desvío de G. 68.000 millones.
La entonces fiscala Claudia Criscioni (hoy jueza) recibió el informe final de Contraloría sobre la auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio 2012, realizada al Ministerio de Agricultura, y detectó falencias.
El ente contralor había basado su informe en una verificación in situ, realizada a tres integrantes de un solo comité, de los 193 que deberían ser beneficiados por la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
Criscioni, para ese entonces, ya había realizado las constituciones con sus funcionarios y detectó demasiadas irregularidades.
A raíz de esta situación, se abrió la pesquisa contra los auditores por frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios, en grado de coautores.
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Carlos Hermosilla, Juan Carlos Zárate y Wilfrido Peralta escuchó a 17 testigos, entre los que se destacan los representantes de los comités Kuña Guapa y Nueva Esperanza, de Caaguazú, quienes embarraron a los tres procesados.
Los mismos ratificaron que los auditores realizaron aceleradas constituciones y que les hacía firmar actas sin que estén especificadas todas las irregularidades en la provisión de los insumos agrícolas. Se percataron que no consignaron que las semillas entregadas no germinaron y que los motocarros, regaderas y carretillas eran inservibles. Algunos, inclusive, rechazaron haber recibido insumos y reconocieron que les dieron montos ínfimos de dinero.
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