La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) presentó un balance de sus trabajos de investigación del año 2017. En más de 570 procesos de compras de las diferentes entidades del Estado casos hubo sospechas de corrupción.
La mayoría de los casos fueron responsabilidad de los gobiernos municipales, según Contrataciones.
La abogada Melody Martínez, jefa de investigaciones de la DNCP explicó que en la mayoría de los casos las irregularidades fueron detectadas por los departamentos de normas y control de las propias instituciones que realizaron los llamados.
“La trasgresiones más recurrentes se cometieron en contra de los principios y normas de la Ley 2051, que es nuestra normativa principal. Las municipalidades, por ejemplo, no comunicaban sus llamados licitatorios a la DNCP. Realizaban sus llamados, adjudicaban y no comunicaban lo cual está prohibido. Así nosotros no podemos ejercer ni control previo, ni preventivo sobre lo que el Estado está adquiriendo”.
Estas situaciones derivaron en investigaciones de oficio, con la anulación de sus llamados. Martínez apuntó que la mayoría se justificaba diciendo que desconocía la ley, «pero está claro que la ley está para ser cumplida y nadie puede alegar el desconocimiento de la misma».
“El problema está en el manejo interno de cada municipalidad, de cada órgano institucional y de la administración en general”, refirió Martínez.
Otras irregularidades detectadas fueron cometidas por los propios organismos de la administración que hicieron sus llamado, como la falta de cumplimiento de las normativas legales, ya sean permisos municipales, autorizaciones de la Seam, del Ministerio de Industria y Comercio, entre otros, además de las sobrefacturaciones de las compras públicas, pese a que la DNCP pone a disposición las pautas referenciales de cómo deben presentar sus precios.
Martínez apuntó que cuentan con un nuevo sistema de denuncias, con protección al denunciante, disponible en el portal de Contrataciones Públicas para toda la ciudadanía.
“A partir del 15 de este mes funciona un módulo de investigaciones electrónicas para denunciar cualquier hecho de corrupción en un proceso licitatorio. Es muy práctico. Se entra en el módulo Servicios, luego se cliquea Denucias, y allí se explica cómo denunciar”, apuntó. Los castigos previstos por incurrir en irregularidades y corrupción en procesos de licitación de compra de servicios o productos para el Estado son los de declaración de irregularidad de un llamado que se expone a sanciones penales, así como la nulidad completa del llamado.
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