La Cámara de Diputados tenía previsto tratar esta semana el proyecto de Ley, que de aprobarse el 100% de la recaudación de los recursos judiciales serán destinados a la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal Teresa Martínez afirmó que de ser aprobada la normativa, se cercenaría el porcentaje que le corresponde al Ministerio Público de 12,73 %. Agregó que el recorte de estos recursos afectaría principalmente a las investigaciones fiscales y otras áreas sensibles, lo que llevaría a un trabajo que en muchos casos no tendría respuesta ante la carencia de dichos recursos.
“El recorte que estable el proyecto de ley afecta el pago de insumos, combustible, alquileres y otros aspectos importantes para la funcionalidad del Ministerio Público. Si no tenemos el dinero para ir pagando los alquileres, nos veremos obligados a cerrar varias unidades de la Fiscalía”, enfatizó la agente del Ministerio Público.
Remarcó que todas las unidades que están asentadas en locales arrendados, especialmente en el interior del país, corren riesgo de cerrar si es que la Fiscalía no tiene la plata para pagar los alquileres.
Martínez informó que las autoridades del Ministerio de Hacienda se comprometieron a atender sus reclamos y muestran predisposición, pero resaltó que el Ministerio Público necesita más que un compromiso. “Tenemos dos opciones: una ampliación presupuestaria o cerrar las unidades. En éste último caso la afectada será la ciudadanía”, finalizó.
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