En Guahory, se enciende de nuevo la tensión por tierras

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Unos 500 policías fueron destinados ayer a la colonia Guahory para custodiar la siembra planeada por colonos descendientes de brasileños en unas 1.000 Ha. de tierras en disputa de la zona. El operativo está encabezado por el director departamental de la Policía Nacional, Willian Giménez.

A tempranas horas, los uniformados se reunieron en la Subcomisaría de Guahory, para iniciar el procedimiento de acompañar a la flota de máquinas agrícolas hasta las tierras en litigio para la siembra de trigo y avena.

En la zona conocida como “4ª Línea”, unos 150 labriegos autodenominados sintierras interceptaron a policías y colonos con machetes, foisas, “honditas”, garrotes y clavos tipo miguelito arrojados en la calle, e impidieron el avance de la comitiva, generándose en el lugar una fuerte discusión entre labriegos y la policía.

Posteriormente, los colonos intentaron ingresar al predio por la zona de “4ª Línea”, donde un político colorado de Tembiaporã, Marcelino Garcete, golpeó a un colono con una rama, y un desconocido intentó agredirlo con una foisa. Por fortuna, la policía estaba cerca y pudo evitar que las situaciones vayan a mayores.

Las tensiones continuaron, pero ambas partes ya se cuidaron de llegar a hechos más graves que lamentar.

El director departamental de la Policía Nacional, Crio. Gral. Willian Giménez, mencionó que el operativo tuvo como principal objetivo el resguardo de la seguridad de ambas partes y que no se trataba de un desalojo. Añadió que el gran despliegue policial es exclusivamente para seguridad de la zona.

El representante de los colonos, Jair Weber, explicó que hace un buen tiempo que no reciben amenazas, pero que siempre escuchan que si intentan entrar a trabajar en las tierras en disputa, los “sintierras” quemarían sus tractores e, incluso, atentarían contra la vida de ellos.

Por su parte, la líder de los campesinos sin tierra, Élida Giménez, indicó que la policía actuó sin ningún documento y que el procedimiento es ilegal. Aseguró que los mismos habían llegado a un acuerdo con el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para volver a ocupar las tierras hasta que se solucione el conflicto.

Añadió que ellos se opondrán a cualquier trabajo que se quiera hacer dentro del predio hasta que el Estado solucione el problema.

Este conflicto se arrastra desde el 2014 y pese a un gran desalojo hecho en el 2016, las tensiones nunca terminaron. Se espera que el Indert intervenga y dé una solución definitiva al caso.

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