La dirección médica de la Cámara cuenta con 22 funcionarios, entre nutricionistas, odontólogos y obstetra, de los cuales la mayoría simplemente van a sus lugares de trabajo para cumplir horario.
La Cámara Baja analiza firmar un convenio con el Ministerio de Salud Pública para que los funcionarios de la dirección de asistencia médica presten servicios a otras instituciones, tal como habían exigido los legisladores de Patria Querida.
Dicha dirección de asistencia médica cuenta con 22 funcionarios, de los cuales 20 son permanentes y solamente dos son contratados. Todos ellos cuestan G. 153.237.713 al erario público.
La intención del titular de la sede parlamentaria, Miguel Cuevas, es que con la firma de un convenio marco de cooperación, con los recursos humanos de la cámara se pueda dar una atención médica ambulatoria en barrios aledaños, precarios o de difícil acceso a servicios básicos de salud.
La propuesta es que el Ministerio de Salud se comprometa a proveer a la dirección médica de Diputados de un móvil para la atención ambulatoria preventiva, odontológica, nutricional y sicológica, además de los medicamentos esenciales e insumos de uso habitual para dichas especialidades.
El documento, que será puesto a consideración del ministro Julio Mazzoleni, plantea igualmente que la atención ambulatoria se realice una vez por semana, en el lugar designado de acuerdo con las necesidades.
Se establece asimismo que para el desarrollo adecuado del convenio se establecerá una coordinación interinstitucional, integrada por representantes de las partes.
Una de las cláusulas de la propuesta señala que a las partes celebrantes no les será permitido recibir obsequios, gratificaciones, propinas, comisiones o aprovechar ventajas con razón del cargo, para ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier tipo de acto que colisionen con la moral y las buenas costumbres. El convenio, de ser aceptado por el Ministerio de Salud, tendrá una duración de dos años.
SIN PRODUCCIÓN. En el plantel de funcionarios de la citada dirección se tiene a cuatro sicólogos, tres nutricionistas, dos odontólogas, cinco médicos, una obstetra y cuatro enfermeras. A estos se suman tres funcionarios administrativos.
Los mismos cumplen horario en una oficina ubicada en la planta baja de la sede parlamentaria, donde no cuentan con ninguna herramienta, como en el caso de las odontólogas, para realizar su trabajo.
Dichos profesionales, principalmente las nutricionistas y las odontólogas, ni siquiera cuentan con un registro de producción, en cuanto a la cantidad de pacientes que atienden.
En el grupo de médicos se encuentra la polémica Perlita Paredes, que fue imputada por cobrar cinco salarios del Estado sin una contraprestación. La misma reconoció la estafa y devolvió G. 500 millones para evitar la cárcel.
COMENTARIOS
