Caaguazú y Coronel Oviedo contarán con el sistema 911 mediante el Fondo de Servicios Universales (FSU) de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El ente regulador lanzó la licitación Nº 2/18, para proveer entre otras cosas, cámara de circuito cerrado.
Se realizo una denuncia anónima, según la cual la licitación que convocó el ente regulador para otorgar una subvención de G. 18.700 millones para solventar la ampliación del sistema 911 en cinco ciudades había sido sesgada para que una firma específica sea la adjudicada.
Actualmente la oficina Anticorrupción deberá informar esta semana el cierre de su investigación acerca de la denuncia contra el pliego de bases de la Conatel para la compra de 173 cámaras para el sistema 911 de la Policía.
De acuerdo con el reclamo en cuestión, el pliego exige un tipo específico de tecnología, hecho que direcciona el proceso hacia la única proveedora. Se trata de un producto fabricado en Canadá y EE.UU., que representa la firma TSV SA (Tecnología de Servicio y Vigilancia, liderada por Pablo Salinas.
Cuando se conoció esta irregularidad, en la Conatel argumentaron que los técnicos del Ministerio del Interior habían solicitado la tecnología FDM. No quieren experimentar con las híbridas, porque hay riesgo de que al integrar, algunas funcionalidades se pierdan, justificaron.
La Oficina Anticorrupción, a cargo de la abogada Domitila Brizuela, abrió la investigación a principios de diciembre, tras recibir la denuncia contra el direccionamiento del pliego. El 22 de diciembre venció el plazo para entregar su informe.
En la denuncia se advierte que hubo una “alevosa orientación” del pliego de bases y condiciones para beneficiar la empresa TSV (Tecnología, Servicio y Vigilancia), representada por Pablo Salinas Bomfim.
El oferente que gane la licitación deberá instalar 173 cámaras en cinco ciudades: Encarnación (60) en Ciudad del Este (60), en San Ignacio (30) en Coronel Oviedo (15) y en Caaguazú (8). La licitación de G. 18.700 millones, comprende equipos que tendrán que reconocer rostro y placas de vehículos. Además, la firma adjudicada también deberá instalar las torres de transmisión, cableados, servidores, pantallas, estación de monitoreo, etc. Dicho sistema deberá operar 180 días después de la firma del contrato. Las cámaras deben permitir reconocimiento facial y las chapas de vehículos.
El FSU se genera de la tasa de explotación comercial cobrada a las empresas del sector. Específicamente, consiste en el 1% de la facturación bruta de todas las empresas con licencia de Conatel, como las empresas de telefonía celular, la COPACO y los demás prestadores de servicios de telecomunicaciones.
Ni bien la Senac recibió la denuncia el 6 de noviembre, Brizuela solicitó a la Gerencia de Planificación y Desarrollo del ente regulador la copia del pliego y del contrato 53/2017.
En el portal de la Conatel encontramos que el contrato 53/2017 está en curso y corresponde a otro subsidio de G. 18.000 millones otorgado en diciembre del año pasado a TSV para la expansión del sistema 911 de la Policía Nacional en Asunción y su área metropolitana.
Incluye la instalación de 100 cámaras que reconocen rostros y chapas de vehículos. El plazo del contrato es de 910 días (dos años y seis meses), pero la operatividad es de 180 días, seis meses contados desde la firma del contrato.
El ingeniero Martín Gómez, uno de los técnicos de la Conatel, en ausencia del coordinador del gabinete técnico, Ing. Víctor Martínez, explicó a nuestro diario que fue la gente de la Policía la que pidió la provisión de un tipo de tecnología especial. Argumentó que no se puede recurrir a sistemas híbridos, porque siempre existe el peligro de que no funcionen o funcionen mal, como ocurrió en casos anteriores.
La “eterna” proveedora de estos equipos para el sistema 911 fue Data Lab. Recién en 2014 ganó una licitación de G. 1.980 millones la firma Cáceres y Asociados para instalar 18 cámaras y central de monitoreo en Concepción. En 2017, la beneficiada fue TSV, cuyo contrato sigue en vigencia.
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