Es lamentable que los trabajos de siembra y cuidados de cultivos de soja se tengan que hacer con custodia policial, afirmó Hermes Aquino. Pide a las autoridades ejecutar desalojos.
Aquino es directivo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Caaguazú. Se refiere al conflicto entre miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) y colonos, paraguayos y brasileños, que semanas atrás protagonizaron el “tractorazo” en protesta, porque no podían ingresar a sus propiedades para fumigar sus plantas de soja y no se cumplen órdenes de desalojo.
El productor agrícola dijo que tras el acuerdo logrado el pasado 23 de diciembre solo pueden ingresar a hacer fumigaciones en la zona de Pindo’i, pero con custodia policial. Hasta ahora el Gobierno está cumpliendo con lo acordado y brinda protección policial para ingresar a las parcelas, hecho que antes no podían hacerlo por la oposición de campesinos de la zona que reclaman que las tierras son públicas.
“Sin protección policial no vas a entrar a ningún lado. Esto es terrorismo rural directamente. Se convirtieron en simples terroristas”, dijo ayer a este diario.
Aquino sugiere que la invasión de propiedad sea calificada de crimen en la ley respectiva, puesto que hasta ahora es delito común, dijo.
“Nosotros queremos que la ley se cumpla no más. La ley no se estaba cumpliendo. La Policía ahora está funcionando. Nosotros queremos paz y seguridad en el campo. No queremos otra cosa, no pedimos subsidio, nada, queremos eso no más, mientras eso se cumpla no hay problemas”, recalcó.
Lamentó que los trabajos de cuidados de los cultivos se tengan que hacer con custodia policial. “Es lamentable. El Gobierno tiene que poner más mano dura con la Federación Nacional Campesina, porque esto es una guerrilla rural”, indicó.
En cuanto a Guahory, señaló que a ese lugar no pueden entrar por impedimento de miembros de la FNC.
Mientras, los tractores están apostados en Juan Manuel Frutos, en vigilia ante lo que pueda ocurrir.
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