Los senadores y diputados vuelven mañana del largo receso. En Cámara Alta, la urgencia es el estudio de proyectos para combatir el lavado de dinero ante la inminente evaluación de GafiLat.
Terminaron oficialmente las vacaciones para los parlamentarios y mañana reinician sus actividades en ambas cámaras del Congreso con reuniones de las mesas directivas, que establecerán las agendas de temas a ser tratados en las sesiones respectivas.
Los diputados sesionarán el miércoles y el jueves los senadores.
En ambas cámaras habían quedado en el tintero varios temas polémicos que se deben finiquitar.
En el Senado, por ejemplo, en lista de espera quedaron los impuestos a la soja, al tabaco, al alcohol y las bebidas azucaradas, que tienen una fuerte oposición sobre todo del sector de la producción como así también de los empresarios, con el aval de los propios parlamentarios.
Antilavado. Otro paquete de proyectos que están en el cajón y que están obligados a desempolvar tienen que ver con los proyectos de ley contra el lavado de dinero, ya que este mes es clave teniendo en cuenta la evaluación de GafiLat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).
Entre los proyectos que deben aprobarse figuran la ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera, el proyecto que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias, y la ley para combatir la financiación al terrorismo.
Son unos doce proyectos de ley que fueron presentados por el Ejecutivo ante el Congreso el pasado 22 de noviembre, pero Senado aprobó a principios de diciembre aplazar su tratamiento hasta marzo, cuando se retoma la actividad parlamentaria.
Aunque todavía se desconoce cuál será el orden del día de la primera sesión, la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, urgió esta semana a dar prioridad a la aprobación de la ley de lucha contra la financiación del terrorismo, la ley sobre el beneficiario final, para saber quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, y otra sobre juzgados y fiscalías especializadas.
Juicio político. La pesada agenda también incluye dos juicios políticos que quedaron en la nebulosa y mantienen las posturas políticas divididas, el del ministro de la Corte César Garay y el del contralor general Enrique García, quien está en el ojo de la tormenta por la serie de irregularidades en su conducta que sigue saltando hasta ahora.
La definición de un nuevo ministro de la Corte en reemplazo de Sindulfo Blanco, destituido vía juicio político, también será clave para los senadores. La definición tiene que darse entre los candidatos ternados Alberto Martínez Simón, Rubén Darío Romero y Emilio Camacho.
Otro de los temas que quedaron pendientes trata de la posibilidad de que las sesiones para el tratamiento de acuerdos constitucionales para embajadores, ascensos militares y policiales sean abiertas y ya no a puertas cerradas.
Caso Bacchetta. A todo esto se suma la situación del colorado Enrique Bacchetta, quien está en el ojo de la tormenta por su apoyo al diputado Ulises Quintana. El mismo está recluido en Viñas Cué por un proceso relacionado al narcotráfico.
Hay un reclamo ciudadano y al mismo tiempo varios senadores de distintos sectores consideran que Bacchetta debe renunciar a su representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Paraguayo Cubas presentó días pasados un proyecto de declaración en el que se insta a la renuncia y sugiere que se trate en la primera sesión del año prevista para el jueves.
Hasta el momento Patria Querida y algunos senadores a título personal estarían de acuerdo en que esa podría ser la salida, pero Colorado Añetete se mantiene en silencio, y se alega que no habría votos para su destitución.
Diputados. En cuanto a la Cámara de Diputados, varios polémicos temas también deberán ser tratados por el pleno, que desde el año pasado buscaron la manera de dilatar su resolución, como el pedido de pérdida de investidura del legislador liberal Carlos Portillo, que se viene salvando del castigo político y moral por la complicidad de sus colegas.
Otro punto pendiente es el desafuero del colorado Tomás Rivas, que tiene un proceso calcado al de su correligionario José María Ibáñez, que contrató a 3 personas como funcionarios de la Cámara pero trabajaban en dependencias particulares del dirigente colorado. Con chicanas judiciales, frena hasta su desafuero.
Un tema no menos conflictivo es el que se da con la iniciativa de que se realice una auditoría externa en la Cámara Baja, tanto en la Dirección de Recursos Humanos como en la Administrativa. Esto ante la ola de publicaciones sobre planilleros.
Fuente: Ultima Hora
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