Aunque el análisis y la conclusión son atinentes a los redactores del informe, las consideraciones no pueden obviarse, más aun cuando el deseo es mejorar día tras día para el transcendental servicio público.
“Un juicio que debería ser sumario, entra en una espiral de burocracia y chicanas de litigios, que no ponen a la niñez y adolescencia en el centro de sus acciones”, prosigue.
Agrega que los montos destinados a las prestaciones de alimentos no garantizan una óptima calidad de vida de la niñez y adolescencia, lo cual profundiza su condición de vulnerabilidad y restricciones en acceso y garantías de sus derechos.
Insta a realizar una revisión de las prácticas de los operadores del sistema judicial y un análisis profundo de nuestros fallos para tener una mejor lectura del nivel real de nuestra especialización; a lo cual suma el hecho de la no conformación efectiva de los equipos auxiliares de justicia y el bajo presupuesto como fuertes limitantes en cuanto al acceso real al servicio de justicia.
Una gran verdad afirma al decir que la justicia no va a solucionar todas las dificultades sociales, culturales, económicas que afectan a la niñez y la adolescencia, pero puede en efecto generar un piso mínimo desde donde construir garantías de bienestar en dicho grupo de población; dado que es la última ratio a la cual se recurre cuando todos los mecanismos del sistema de prevención y protección han sido rebasados o no funcionaron de manera efectiva.
La pluma es dura hacia nosotros; señala la existencia de mora judicial, fallos sin control de convencionalidad, procedimientos sin enfoque de derechos, baja calidad de las infraestructuras, recursos limitados para notificaciones, no conformación de equipos técnicos auxiliares de justicia en los Juzgados, alta cantidad de demandas sobre los operadores de justicia con pocos juzgados para atender los casos, demuestran la inexistencia de una correcta ecuación entre el presupuesto público y el servicio judicial entre varios aspectos, que aunque señalados genéricamente son importantes para una profunda autoevaluación y plantear soluciones sistémicas a la situación actual.
Otro elemento preocupante es la gran cantidad de embarazos de adolescentes.
Con datos estadísticos claramente señala que en el 2017 solo en Alto Paraná y Central se tuvo 180 partos de niñas entre 10 a 14 años.
El promedio de dos partos diarios en esa franja etaria sigue manteniendo nuestro país desde hace seis años.
Es una de las más claras consecuencias del alto índice de abuso sexual en niñas. En el 2016, 292 adolescentes de entre 14 a 16 años fueron madres por segunda vez. Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa ese mismo año registraron la mayor cantidad de nacimientos de madres adolescentes.
Finaliza el informe con una serie de recomendaciones, entre las cuales resaltamos la adopción de las medidas necesarias para disminuir las brechas de desigualdad a fin de cumplir con el compromiso de la no discriminación; generar desde la Corte Suprema de Justicia información actualizada sobre los juicios de asistencia alimenticia con datos fidedignos y desagregados en función a la protección del derecho alimentario en toda su dimensión; diseñar estrategias procedimentales que aseguren la celeridad del proceso judicial de asistencia alimenticia, implementar mecanismos adecuados y efectivos para el tratamiento de denuncias de abuso sexual, aplicar el principio de ultima ratio en el ámbito de procesos penales a adolescentes, fortalecer las políticas públicas, promover la educación integral en materia sexual, evaluar los programas públicos dirigidos a los niños y adolescentes desde una perspectiva de equidad y eficiencia; como igualmente mejorar la coordinación interinstitucional, intersectorial y multinivel, del sistema nacional de previsión y protección de derechos de la niñez y adolescencia.
Es un duro informe. Agudo, pero comprometedor. Quienes estamos en el fuero debemos tomar estos datos, autoevaluarnos y proyectar soluciones de acuerdo a los estándares de la comunidad internacional.
La República del Paraguay, al adoptar la Doctrina de la Protección Integral hace más de tres décadas debe día tras día ir obteniendo logros en el cumplimiento de los requisitos.
En caso contrario, estaremos ante la eterna búsqueda de pretextos y culpables, como es habitual en sociedades donde la cultura del debate sano, sincero y con nobles propósitos es mal vista. Debemos seguir trabajando; esa es la misión, e informes como el transcripto en gran parte de este artículo, ayudan para observar cómo estamos y hacia donde podemos proyectarnos. (FIN)
* Juez de la Niñez de Misiones
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