La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que obliga a funcionarios públicos a hacer públicas sus declaraciones de bienes y rentas. Se impuso la versión de la Cámara Baja, que añadió a los proveedores del Estado. Hubo legisladores que se opusieron a la transparencia.
En la sesión de este miércoles la Cámara de Diputados sancionó el proyecto que modifica la Ley de Declaraciones Juradas de Bienes, que obliga a la Contraloría General de la República a hacer públicas estas declaraciones.
Los diputados habían modificado este proyecto, incluyendo a los proveedores del Estado, pues alegan que también reciben dinero público. El Senado, en tanto, se opuso a este agregado, sin embargo, por mayoría absoluta la Cámara Baja impuso su versión.
El diputado colorado Derlis Maidana defendió que los proveedores del Estado y oenegés, que reciben fondos públicos, “también muestren a la ciudadanía sus balances, así como se exige a los funcionarios públicos”.
Amarilla y Ortiz, contra la transparencia
Sin embargo la diputada liberal Celeste Amarilla se opuso a hacer públicos estos datos, pues “para ello está la Contraloría para controlarnos. El resto de las personas no tiene por qué saber el patrimonio de nadie, hasta los bancos tienen normas de confidencialidad y esto está liberando todo. La ley debe ser retroactiva, y si se aprueba no tiene que afectarnos a nosotros. A mí no me autorizaron a ventilar mis bienes, mis hijos y los bienes de mis parientes. No me autorizaron a que difundan sus datos”.
“Mañana tendré un titular en contra de la prensa, pero es lo que pienso. No así de los ministros que han asumido antes, los funcionarios de carrera… realmente existe un principio de irretroactividad”, concluyó.
Para el liberal Édgar Ortiz esta ley es “disparateta” porque ellos no ejecutan cuentas. Dijo que los datos servirán para los ladrones y secuestradores. “No importa que salgamos en los medios, pero no es mi caso porque soy pobretón”, subrayó.
El proyecto de Ley obtuvo 50 votos a favor, 17 en contra y una abstención. La propuesta pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Fuente: ABC Color
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