Productores de tomates del Departamento de Caaguazú se ven obligados a desperdiciar sus cosechas, debido a la baja cotización del producto y a consecuencia del ingreso del contrabando.
Se trata de los productores del distrito 3 de Febrero, en el departamento de Caaguazú, quienes se vieron obligados a tirar varios kilos de tomates, debido a que no pueden venderlos en las fincas, ni siquiera a G. 2.000 el kilo, para su posterior comercialización y consumo en otras zonas.
Los trabajadores del campo responsabilizan al Gobierno que no pueden frenar el ingreso del contrabando desde el Brasil y Argentina, lo que directamente les perjudica en la producción. Esta situación conduce a los productores a tirar los tomates podridos para el consumo de animales.
A pesar del reclamo, los tomateros no ven acciones concretas de las instituciones encargadas de frenar el contrabando, a fin de que puedan mejorar la cotización con la disminución de la demanda.
Productores de tomate destruyeron sus productos por falta de Mercado. Ocurrió en Caaguazú. #MeridianoPy en vivo https://t.co/trMHT6h5xx#TelefuturoPy pic.twitter.com/bhOyjW2cVi
— Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) October 22, 2019
“Está demostrado que atajando unos días el contrabando rápidamente mejora la cotización”, dijo un productor, al tiempo de exigir que la lucha contra lo ilegal sea de forma permanente, los 365 días del año.
Solo aquellos que cuentan con movilidad propia buscan comercializar las cajas de tomate en mercados de forma directa con los consumidores obteniendo mayores ingresos.
Sin embargo, un gran número se resiste a cambiar el antiguo mecanismo de comercialización, en el que la mayor ganancia queda en manos de intermediarios.
“Nuestro producto juntamos con mucho sacrificio, tenemos que tirar para los animales porque se pudren todo y ahora ya no tenemos crédito para producir”, reclamó otra trabajadora.
Desde hace varios meses, los productores frutihortícolas realizan manifestaciones con cierre de rutas exigiendo endurecer los controles para evitar el ingreso ilegal de los alimentos agrícolas, que afectan a miles de familias en el país, que dependen de la comercialización de sus productos.
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