La idea del Gobierno de cambiar el sistema de reajuste del salario mínimo va a contramano de los ruegos que hace el Ministerio de Hacienda al Congreso, de no elevar en el presupuesto del 2017 los sueldos del sector público. Economistas y dirigentes empresariales advirtieron en ese sentido de lo previsto en la ley de Responsabilidad Fiscal, que al parecer a Hacienda se le olvidó.
El planteamiento anunciado hace unos días por los ministerios del Trabajo y de Hacienda de ajustar el salario mínimo cada año de forma automática y no cada vez que la inflación llegue al 10% podría empeorar el desfasaje en el Presupuesto General de la Nación, que desde hace casi cinco años se encuentra con déficit fiscal, según advirtieron ayer algunos economistas y dirigentes del sector empresarial que hablaron con nuestro diario.
Si se cambia el referido sistema de forma inmediata, como propone el Poder Ejecutivo, el salario mínimo se elevaría hoy en un 7,2%, de acuerdo al nivel de inflación existente desde el último reajuste (marzo 2014), y ahí se abrirían las puertas a un aumento similar para los sueldos de los funcionarios estatales, para lo cual –dijeron– no hay más que recordar lo que dispone la ley de Responsabilidad Fiscal en su Art. 7, inciso 3: “No se podrán incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento del salario vital mínimo y móvil vigente. El aumento será como máximo en la misma proporción y se incorporará en el Presupuesto del siguiente Ejercicio Fiscal” (este artículo está reglamentado por el Decreto 1559/13, ver facsímiles).
“Entonces, como ahora vamos a tener un sistema de ajuste automático de los salarios privados, también vamos a tener un sistema de ajuste automático del sector público, que va a significar que los gastos que se trataron de controlar vayan a desfasarse de vuelta, si es que esta ley se aprueba”, explicó al respecto el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira, agregando que lo más preocupante es que el propio presidente de la República, Horacio Cartes, es el que el que está planteando, ni siquiera es iniciativa del Parlamento.
Recordó al respecto que Paraguay sufrió un desfasaje en 2011, justamente cuando hubo un importante incremento de salarios públicos, lo cual impactó directamente en el Presupuesto. “Por tanto, ahora todo ese dinero que viene (de crecimiento económico y endeudamiento) no se convierte en ahorro, sino en tratar de solucionar algo que se hizo hace 5 o 6 años, que lo hizo el Parlamento la clase política, y no la parte técnica, el Ministerio Hacienda. Estos son los errores que nos cuestan demasiado caros”, alertó.
Las cifras en juego
En una reciente presentación hecha ante la prensa, el ministro de Hacienda, Santiago Peña, había advertido que un eventual aumento salarial del 10% para los funcionarios en el próximo año representaría una erogación extra de US$ 340 millones, lo que llevaría el déficit fiscal a 2,4% del PIB, muy por encima del tope de 1,5% establecido en la ley de Responsabilidad Fiscal.
En esa misma dirección, antes ya había mencionado que el déficit fiscal previsto para la administración central el próximo año asciende a G. 2,6 billones (US$ 473 millones), según el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado a consideración del Congreso. Según Hacienda, esto equivale al 1,5% del PIB.
A partir de las cifras oficiales expuestas en los dos últimos párrafos anteriores y en un eventual escenario en el que se aplique un 7,2% de reajuste de salarios en el ámbito privado y luego se traslade eso al sector público, para el 2017 se tendría una “erogación extra” equivalente a aproximadamente US$ 245 millones, lo que a su vez llevaría el déficit fiscal a casi 2,2%.
Peligro de inflación
Algunos sectores empresariales se han expresado en contra de la iniciativa, y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) prevé reunirse esta semana para sentar una postura institucional, aunque algunos de sus miembros ya alertaron que de aprobarse el proyecto, eso podría derivar en una inflación desmedida.
Fuente: ABC Color
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