La Cámara de Diputados postergó por ocho días el estudio del proyecto de ley de enmienda constitucional, para permitir la reelección presidencial. Este aplazamiento fue una jugada favorable para el oficialismo, que hoy no contaba con los votos necesarios.
Ante la falta de votos necesarios por parte de los colorados oficialistas, que minutos antes de la sesión extraordinaria de este miércoles afirmaban que los votos estaban 40-40, los cartistas insistieron “a uñas y dientes” que la propuesta de modificación de la Constitución Nacional sea tratada recién en ocho días, para así ser previamente debatido en comisiones asesoras. Finalmente, esto ocurrió con 41 votos en contra de 38 y la abstención del diputado Ibañez.
La intención de los cartistas es ganar más tiempo hasta la realización de la Convención Colorada, prevista para este sábado, en donde los convencionales exigirán a los diputados del partido votar a favor de la enmienda. Cabe recordar que los colorados en Diputados son mayoría simple (47 legisladores), sin embargo hubo varias “fugas” por lo cual no era seguro tener los 41 votos para aprobar el proyecto.
Los diputados opositores, a la par que se planteaba la postergación del proyecto, pidieron que hoy mismo el pleno se conviertiera en comisión asesora y dictamine sobre el planteamiento. Esto no sucedió. Es que la oposición sabía que los convencionales ejercerán presión sobre los diputados colorados para aprobar el proyecto de reelección, por lo cual consideraron inminente tratar el texto hoy.
Los opositores pretendían rechazar el proyecto de “rekutu”, y así evitar que por un año se presenten planteamientos similares en el Parlamento por el lapso de un año calendario. Con ello, el presidente de la República Horacio Cartes no tendría posibilidades de candidatarse por cinco años más de Gobierno, pues no habría más tiempo antes de las elecciones de 2018 para presentar otra propuesta de enmienda.
Otro mecanismo para modificar la Constitución Nacional y establecer la reelección presidencial es mediante la reforma de la Carta Magna. Sin embargo esto implica un proceso mucho más extenso, que, de acuerdo con representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, no permitirá que sea aplicado para las próximas elecciones generales.
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