El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, sostuvo que la caída del avión donde iba el equipo brasileño de Chapecoense no fue un accidente, sino “un homicidio”, pues la tripulación no cargó el combustible necesario.
“No ha sido un accidente, en realidad fue un homicidio. Hay una norma que establece que los aviones tienen que tener una hora y media de autonomía al menos, y este avión tenía exactamente la misma cantidad de combustible para las cuatro horas y veinte minutos que iba a durar el vuelo”, manifestó el ministro de Defensa boliviano, en contacto con radio ABC Cardinal.
La autoridad del vecino país criticó además que no fue la primera vez que la empresa Lamia cometió esta práctica negligente. “No lo hicieron una vez, lo hicieron cinco veces. Ya habían puesto en riesgo a otros seleccionados”, explicó el ministro.
Si bien los responsables del vuelo perdieron la vida, el ministro señaló que “hay cómplices”. “¿Quién les autorizó a salir del aeropuerto de Santa Cruz sin el combustible suficiente?”, se preguntó Ferreira, al tiempo de recordar que “Hay gente que ya se está fugando, por ejemplo la operadora del aeropuerto”.
En cuanto al piloto de Lamia, capitán Miguel Quiroga, la autoridad corroboró que efectivamente tenía algunos problemas legales en su país.
“Eran miembros de las fuerzas armadas y no podían ejercer en el ámbito privado. Fue dado de baja, así como el copiloto, Ovar Goitia, quien está siendo procesado, y se encuentra en rebeldía. “Ambos ya no eran parte de las Fuerzas Armadas. Están procesados por deserción”, explicó el secretario de estado boliviano.
En otro momento, el entrevistado informó que en Bolivia se maneja la información de que Marco Antonio Rocha Venegas, uno de los socios de Lamia, podría haberse fugado rumbo a Paraguay. “Como no tiene orden de arraigo ni detención, y tenemos una amplia frontera de más de 700 kilómetros que es muy poco poblada y controlada, es muy fácil que esto se dé. Se va a pedir su rebeldía y una declaratoria internacional a través de la Interpol”, afirmó la autoridad.
Por otro lado, la justicia boliviana se está abocando a investigar qué relación existía entre el gerente de Lamia detenido, Gustavo Vargas, y su hijo, también llamado Gustavo Vargas, que era el jefe de Registros de licencias de la Dirección General de Aeronáutica civil. “Posiblemente haya tráfico de influencias. Llama la atención la rapidez con la que se otorgó la licencia y los pocos requisitos que se le pidió”, manifestó Ferreira.
El ministro insistió en el punto de que el responsable “tiene un nombre y apellido, y eso hay que investigarlo”.
Actualmente está formada una comisión tripartita de fiscales de Colombia, Bolivia y Brasil, que se encargará de dilucidar las aristas del caso que acabó con la vida de 71 personas, entre periodistas, futbolistas y cuerpo técnico, integrantes de la delegación chapecoense.
“Somos los más preocupados porque esto se esclarezca. Es un enorme daño a la imagen de nuestro país”, puntualizó el ministro de Defensa de Bolivia.
En nuestro país también se encontraba uno de los accionistas de la empresa Lamia. Se trata del compatriota Gustavao Encina, quien formaba parte de la tripulación y perdió la vida en el accidente.
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