Unos 200 efectivos de la Policía procedieron ayer a sacar de Guahory (Caaguazú) a los labriegos que habían decidido permanecer en la colonia, mientras que el otro grupo fue reubicado por el Indert en Yhú.
Mientras que decenas de familias accedieron a la reubicación propuesta por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), otras prefirieron quedarse en la colonia Guahory, del distrito Tembiaporã, Caaguazú, y en localidades aledañas. Precisamente a este segundo grupo volvieron a sacar ayer de estas tierras en conflicto, tal y como ocurrió a mediados de setiembre, en un operativo al que llaman “cese de hecho punible”, pero que en la práctica es básicamente un desalojo.
A raíz de esto la Federación Nacional Campesina (FNC) anunció que esta mañana, a partir de las 7:30, harán una movilización frente a la comisaría 2ª de Caaguazú, “repudiando el desalojo violento en Guahory y por la libertad de los seis detenidos”, según informaron ayer desde el gremio.
Es que tras la intervención de unos 200 efectivos de la Policía Nacional se detuvo a los siguientes compatriotas: Juan Alcides Aquino López (21 años), Ramón Sosa Vázquez (18), José María Romero Acosta (24), Ricardo Brítez Rotela (21), Marcelino Díaz Alfonso (58) y Néstor Castillo González (30).
El cuestionamiento de estos compatriotas es que las tierras, si bien en gran parte están tituladas (son propiedad privada), esos documentos fueron expedidos por el Indert en violación a la ley del estatuto agrario, por lo que piden que este mismo ente inicie juicios de nulidad.
Según el parte policial, “los propietarios de los inmuebles (los colonos) realizan labores agrícolas en toda la extensión de las fincas recuperadas de los invasores, como fumigación, movimiento de suelo y siembra en áreas mecanizadas. El trabajo es con apoyo de suficiente personal policial, como tarea preventiva, a fin de evitar ataque a los operarios agrícolas por parte de personas extrañas”.
El comisario principal Optaciano Cardozo, jefe de la tercera zona policial, afirmó al respecto que “se logró adquirir una propiedad (en Yhú) para que ellos (los labriegos) sean reubicados, entonces no tiene razón de ser que permanezcan en este lugar”. Uno de los detenidos, Ricardo Brítez, afirmó que lo único que logran las autoridades con este tipo de procedimientos es profundizar aún más la problemática.
Las viviendas precarias de los labriegos fueron derribadas y sus pertenencias, desechadas, según se observó.
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