Autoridades de la Subcomisaría 19ª Campo Aguae y del Departamento de Bosque y Asuntos Ambientales (Deboa), ubicado en la zona, verificaron y corroboraron la existencia de puentes y caminos para traficar maderas, carbón y marihuana en la reserva Campos Morombí.
Tras las sucesivas publicaciones sobre deforestación por parte de invasores en el predio de la reserva natural Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme (descendiente del exsenador Blas N. Riquelme), la Policía corroboró las denuncias.
Los directivos de la firma exigen la destrucción de las pasarelas y de esa manera, parar las actividades ilegales en el lugar, que ya se está convirtiendo en una de las rutas de tráfico. Según el abogado Víctor Peña Gamba, uno de los principales asesores de la empresa, los agentes policiales solamente llegaron a verificar los puentes, pero ningún fiscal se animó a ordenar la destrucción de los mismos.
Según los datos, en las fotos se puede notar que los puentes fueron construidos con las maderas extraídas tras la tala de árboles nativos, hecho atribuido a invasores financiados por los “patrones de los cargamentos”. “Estos deben ser destruidos, para combatir el tráfico de madera. Esperemos que lo hagan, creemos que sí”, señaló Peña Gamba.
Los caminos abiertos dentro de la reserva para sacar la madera y marihuana tienen salida hacia la localidad de La Conquista (Alto Paraná) y se utilizan también caminos internos de la estancia “Lapacho”, propiedad de un brasileño que tendría el nombre de Joa Macarelo, quien sería cómplice de los depredadores, según los datos suministrados a ABC Color.
De acuerdo con los informes recabados, pese a la incursión en el sitio por parte de los policías, los trabajos de elaboración de tirantes, durmientes, tablones y postes, además de carbón vegetal, siguen a ritmo acelerado, ante temor de que los puentes sean destruidos. Por eso, la empresa Campos Morombí pide la destrucción con dinamita de las mencionadas estructuras.
La reserva Campos Morombí fue creada por Decreto 14910/2001 y comprende fincas ubicadas en Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná. La propiedad tiene unas 60.000 ha y comprende el lugar donde se había producido la llamada “masacre de Curuguaty”, en 2012, donado posteriormente por los Riquelme (unas 2.000 ha), y las otras áreas, varias de las cuales están hoy invadidas.
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