El impuesto a la renta personal (IRP), que entró a regir en el 2012 y cuyo primer vencimiento fue en marzo de 2013, alcanza este año a las personas que reciben ingresos superiores a 48 salarios mínimos anuales; es decir, a quienes ganan G. 97.973.904 en el año. Dividida entre 12 meses, la cifra asciende a G. 8.164.492, que equivaldría el ingreso mensual de los nuevos contribuyentes afectados por el gravamen.
El contribuyente del IRP está obligado a exigir boletas a su nombre, para deducirlas del pago de este impuesto al día siguiente de haber percibido 48 salarios mínimos.
El impuesto debe ser pagado por profesionales universitarios, técnicos, artistas, deportistas, despachantes de Aduanas, comisionistas, trabajadores en relación de dependencia, personas que desempeñen cargos públicos (electivos o no), permanentes o contratados en cualquier organismo o entidad que dependa del Estado, incluyendo las binacionales; quienes ofrecen servicios de síndico, escribanos, albaceas, rematadores, entre otros, aun si están inscriptos como contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA).
Entre los ingresos que se tienen en cuenta para pagar este impuesto se encuentran los salarios, sueldos, sobresueldos, jornales, horas extras, participaciones, asignaciones, honorarios y demás remuneraciones personales.
cálculo. Para saber cuánto se debe tributar, se deben restar todos los gastos (documentados) de los ingresos o cobros y se le aplica a la diferencia una tasa de 10% u 8% según el caso (10% abonan quienes tienen ingresos superiores a 120 salarios mínimos al año). Es decir, el impuesto se paga sobre la diferencia positiva o la resta de ingresos menos gastos.
Al cierre de noviembre del 2017, la Administración Tributaria tenía registrados 59.947 contribuyentes.
En el 2012, el tributo alcanzaba a los que ganaban más de 120 salarios mínimos al año.
Conflictos con los contadores
Contadores y abogados tributaristas se oponen a la forma en cómo está llevando la SET la aplicación del IRP. El 26 de diciembre pasado presentaron una nota a la viceministra Marta González Ayala para solicitar la postergación del uso del programa Aranduka. Añaden que este software (usado para presentar el impuesto en el sistema Marangatu) se lanzó 9 días antes de su uso obligatorio, lo que consideran como un plazo exiguo.
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