El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann. El Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.
Gustavo Amarilla, juez penal de Garantías, admitió este viernes el segundo proceso abierto contra el ex secretario de la institución extrapoder, que se encarga de sancionar y destituir a jueces y fiscales, informó la 780 AM.
El magistrado convocó a Fernández Lippmann para su audiencia de imposición de medidas el próximo 16 de enero, a las 8.30. En este caso, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del procesado.
Según la Fiscalía, Fernández Lippmann en su función dentro del JEM habría percibido montos de dinero y otros beneficios indebidos, cuyas sumas fueron depositadas en cuentas bancarias a nombre de Cristian León, un funcionario a su cargo que habría actuado de prestanombre.
El monto total depositado en las diferentes cuentas supera los G. 3.000 millones, cifra que no coincide con su salario. Igualmente, de acuerdo con la investigación, posee operaciones de compra de divisas que orillan los USD 24.000, entre otras presuntas irregularidades.
De acuerdo al acta de imputación, las cuentas de Fernández Lippmann registraron incrementos considerables en sus ahorros entre los meses de enero y octubre pasado. Las sospechas apuntan a que los depósitos de fondos proceden del ocultamiento de sumas de dinero y otros favores percibidos por el exfuncionario.
AUDIOS. Los cinco imputados por el escándalo de los audios filtrados que desnudan el grosero tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como en otras instituciones, van a prestar declaración indagatoria a partir del próximo 18 de enero.
Los primeros que deberán presentarse ante los fiscales Francisco Torres y Alcides Corvalán serán el ex secretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann y el ex senador cartista Óscar González Daher (ANR).
Posteriormente, deben acudir ante el Ministerio Público el ex senador Jorge Oviedo Matto (Unace) y los abogados Carmelo Caballero y Rubén Darío Silva Segovia.
Los mismos ya habían sido notificados en una primera oportunidad para fines de diciembre. Sin embargo, plantearon la suspensión, alegando que no contaban con la carpeta fiscal, tampoco con las copias de los audios difundidos.
Por tal motivo, los representantes del Ministerio Público nuevamente fijaron una segunda fecha, en la que podrán declarar sobre los hechos atribuidos o abstenerse.
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