El candidato a la presidencia por la Alianza Ganar, Efraín Alegre (PLRA), posee un pasado salpicado de hechos de corrupción, según diversas denuncias realizadas. Una de las más fuertes, y que incluso mereció una denuncia ante la Fiscalía, fue durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde habría dejado un perjuicio de más de US$ 30 millones, de acuerdo con la denuncia que realizó en su momento Cecilio Pérez Bordón, sucesor de Alegre en la cartera de obras.
La investigación fiscal sobre «la ruta de la mentira», que une Caaguazú-Yhú-Vaquería,» es uno de los íconos de corrupción de la gestión del actual titular del PLRA, que lo llevó posteriormente a ser denunciado por lesión de confianza, estafa y tráfico de influencias, caso que desde el 2009 hasta la actualidad sigue sin ser aclarado.
Las investigaciones se encuentran varadas actualmente y ya pasaron por varios fiscales de la Unidad Anticorrupción, como René Fernández, Aldo Cantero, Liliana Alcaraz e Igor Cáceres, y ninguno de ellos presentó imputación contra el ahora candidato.
AGILIZÓ EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
En el 2009, el titular liberal y candidato a la presidencia agilizó los procesos licitatorios para la adjudicación de la obra y prometió un rápido inicio de los trabajos. El primer tramo que contemplaba 32 kms se licitó a mediados de 2009 y se adjudicó al Consorcio Cotafel, integrado por Coinco, Tapé Guaraní y la Constructora Feldmann, que inició los trabajos el 20 diciembre de ese año. Al año siguiente se licitó la segunda parte de la ruta VIII y también fue adjudicado al consorcio Cotafel. Los del consorcio aseguraron que iniciaron las obras en el primer semestre del 2010.
Luego de denuncias de irregularidades en los trabajos, se constató que Cotafel había abandonado la obra, entre el 2010 y 2011, sin siquiera haber ejecutado el 30% de la misma. Alegre autorizó en aquel entonces un anticipo de G. 33.216 millones (US$ 7 millones) para hacer los trabajos. Inicialmente, la ruta XIII tenía un costo total de 166.081 millones (US$ 37 millones), de los cuales G. 141.000 millones eran para el tramo 1 y 96.000 millones para el tramo 2.
Tras la destitución de Alegre su reemplazante, Cecilio Pérez Bordón, rescindió ambos contratos con Cotafel en el 2011.
Al año siguiente, ya con la administración de Salyn Buzarquis se firmaron los nuevos contratos el consorcio Caaguazú, integrado por las empresas: Benito Roggio e Hijos, Tocsa, Tecnoedil, Construpar y Heisecke; quienes desarrollaron el primer tramo, mientras que el segundo tramo estuvo a cargo del Consorcio Vaquería, integrado por ConcretMix SA, Ocho A SA, Construpar SA y Constructora Heisecke.
De acuerdo con los datos proveídos por el MOPC y que se pudo corroborar en su momento, la administración de Buzarquis tampoco aportó mucho para cumplir con lo prometido desde hace 50 años atrás, ya que el actual gobierno recibió con un avance promedio, entre los dos tramos, del 37% en 36 meses, además de un panorama poco claro en las licitaciones, que hasta ahora nunca pudieron ser aclaradas. En agosto del 2013 las obras estaban prácticamente paralizadas y el MOPC adeudaba a las empresas contratistas casi US$ 10 millones, que se heredó de las administraciones anteriores.
El actual presidente Horacio Cartes, ordenó regularizar los pagos y avanzar con los trabajos para terminar con el 63% de ejecución que faltaba en apenas 18 meses. Asimismo, el actual titular del Ejecutivo transformó a la conocida como la «Ruta de la Mentira» en la «Ruta de la Vida y la Esperanza» para la gente.
OTROS CASOS
De acuerdo con la publicación que data del 1 de septiembre del 2011, publicada por el diario Última Hora, la Dirección de Bienes y Suministros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registró una entrega inusual de bienes en concepto de papelería en el mes de junio y quedó desabastecida pese a haber adquirido unas 60.000 resmas de papel, por un valor aproximado de G. 1.100 millones, de la firma Oliva Comercial.
Así lo indica un informe de la Dirección de Auditoría Interna del MOPC, que realizó el corte administrativo tras la salida de Efraín Alegre, durante la rendición de cuentas de los dos primeros meses de gestión de las actuales autoridades de la institución.
El material divulgado, resalta además otras anomalías durante la administración de liberal como por ejemplo los contratos con diferentes empresas para los servicios de reparación de equipos viales por más de G. 26.000 millones; sin embargo, en las facturas presentadas para el cobro de estos servicios no constaban los detalles de los trabajos realizados. El informe también revela que la empresa Icasa cobró por adelantado G. 103 millones, algo que no está permitido por la legislación. Asimismo, otros trabajos fueron realizados fuera de contrato por la firma Tape Ruvicha, por G. 439 millones, y Agromapc, por G. 1.263 millones.
Además, otro cuestionamiento que se le realizó a Alegre fue el considerable aumento en el rubro combustibles, que de un consumo de 3.028.960 litros de enero a junio de 2010, pasó a 4.103.710 litros en el mismo periodo de 2011, que arroja una diferencia de 1.074.750 litros.
ACUSADO POR PERSECUCIÓN
El aspirante al sillón presidencial por la oposición fue denunciado además ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, del Ministerio Público, por abuso de autoridad, asociación criminal y persecución a inocentes. La denuncia fue formulada por Pedro Jesús María Robadín Armadans.
Según consta en la acusación, tanto Gustavo Robadín como Nolberto Ramón Alfonso Cano y Eugenio Cáceres Núñez, fueron apartados de sus funciones por «supuestas» irregularidades cometidas en el desempeño de sus labores en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuando Alegre ejercía la titularidad del ente.
Los funcionarios mencionan que para ser suspendidos en sus funciones deben existir pruebas fehacientes de mal desempeño en sus cargos, no así por sospechas simplemente.
El documento menciona que «vengo a denunciar al señor Alegre y al abogado Alberto Poletti Adorno, por abuso de autoridad, asociación criminal y persecución a inocencentes, como obra en el documento resolución Nº 1685, en donde Alegre, ministro de Obras Públicas en ese entonces, suspende por treinta días al ingeniero Gustavo Robadín, por supuestas irregularidades cometidas sin goce de sueldo», expresa el documento.
Señala también que «con el mismo argumento del juez instructor Alberto Poletti, que hace el sumario también al ingeniero Robadín y lo acusa por supuesta irregularidades cometidas, ya que se deben probar las irregularidades y no poner como supuestas, como obra en el documento del MOPC, que dejo copia como prueba de lo corruptos que son Alegre y Poletti», indica.
UNA DENUNCIA MÁS
Fernando Silva Facetti, bajo patrocinio de la Abog. Basilisa Vázquez Román, realizó el pasado 13 de diciembre, una denuncia ante el Ministerio Público en contra del presidente del PLRA y también al tesorero Enrique Salyn Buzarquis.
Esta denuncia penal guarda relación con la aparición de varias facturas por sumas multimillonarias en guaraníes y en dólares emitidas a particulares, que fortalecen aún más las sospechas de una posible malversación de fondos del partido por parte del presidente del PLRA. La causa está a cargo de la fiscal Raquel Fernández y sigue sin ser esclarecida.
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