La nueva administración de la Gobernación de Caaguazú, a cargo de Alejo Ríos Medina (PLRA), se encontró con una deuda flotante de unos G. 16.872.661.028 de entre el 2015 y 2018; y un pasivo de unos G. 35.948.253.622 que serían de varios gobiernos interiores.
La administración actual se encuentra en proceso de relevamiento de datos en vistas a grandes irregularidades que se habrían cometido en el periodo anterior.
Una de las posibles irregularidades que se encontraron fue una deuda que se tiene con la estatal Petropar, que asciende a la suma de G. 1.342.586.552 en concepto de combustible que fue supuestamente utilizado en los seis meses de gestión del gobernador saliente Eliodoro Giménez (PLRA).
Del monto total de la deuda, la administración anterior solo pagó G. 774.465.174. Durante el tiempo en que estuvo Giménez como gobernador, se pasó quejándose de que supuestamente las máquinas no podían ser utilizadas por falta de desembolsos para combustibles. Sin embargo, contrajo una deuda millonaria con la empresa petrolera.
Otra de las irregularidades constatadas es la compra de medicamentos por un valor de G. 300.000.000 de la empresa farmacéutica Lasca y hasta el momento no se sabe dónde fueron destinados los medicamentos.
Según el exencargado de la Unidad de Contrataciones Operaciones (UOC) de la Gobernación Lorenzo Giménez, la adjudicación fue hecha el año pasado en forma plurianual y que este año solo se entregó la segunda parte, que en la gestión de Eliodoro Giménez no se pudo pagar.
De la misma forma, existe una adjudicación del 8 de mayo de este año para la compra de cubiertas para maquinaria por la suma de G. 161.356.220 que debían ser proveídas por el taller Unión de los hermanos Víctor y Aldo Bogado de esta ciudad. La nueva administración contrató a un perito mecánico de nombre Luis Aguilar, quien hizo un relevamiento de las supuestas cubiertas adquiridas. En los documentos figuran 60 cubiertas cambiadas. Sin embargo, el profesional constató el cambio de solo 31 neumáticos.
A esta situación, se suman cientos de obras que figuran en construcción o como terminadas que deben ser pagadas y que están siendo verificadas por los funcionarios de la Gobernación, según comunicaron.
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