El presidente de la empresa Léros, compañía señalada por buscar ventajas en la compra de energía hidroeléctrica excedente de Itaipú, fue condenado en primera y segunda instancia en los tribunales de São Paulo. Joselo Rodríguez, el recomendado del vicepresidente Hugo Velázquez, era el nexo entre dicha empresa y el Gobierno paraguayo.
El nombre de la cabeza de Léros es Kleber Ferreira y su imperio está siendo investigado por el Congreso Nacional, que formó una comisión bicameral para determinar hasta qué punto Leros buscó ventajas en la compra de energía excedente de la represa hidroeléctrica de Itaipú.
El poderoso empresario Kleber Ferreira ya ha sido condenado en dos tribunales de São Paulo, justamente por el delito de incumplimiento del mercado de energía libre en Brasil, en una acción de cobro que alcanza la millonaria cifra de 713 millones de reales (US$ 42.821.782,18), según la publicación del diario brasileño Estadão.
El delito de incumplimiento por el que se lo juzga ocurrió en 2008, dos años antes de que Ferreira abriera Léros Comercializadora de Energía, una compañía que hoy es objetivo de investigación en nuestro país, por la Comisión Bicameral de Investigación.
Lo que se trata de determinar en el Congreso Nacional es la existencia de presuntas irregularidades en el acta bilateral de Itaipú firmada entre el Gobierno paraguayo y el vecino Brasil. Este acuerdo entreguista derivó en una enorme crisis política que enfrenta ahora el gobierno del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien ya no goza de credibilidad por haber firmado una negociación que nos desfavorecía, a espaldas del pueblo paraguayo.
Kleber Ferreira, el exsocio Francisco de Lavor, y su exempresa União Comercializadora de Energía Elétrica S/A, fueron acusados por la Cámara de Comercio de Electricidad (CCEE), la entidad que administra el mercado de energía libre en Brasil, de vender y no entregar 208 millones de reales en energía (US$ 49.056.603,77)
Debido a la venta ilegal, la CCEE impuso multas y otras sanciones a la compañía, que suman alrededor de 505 millones de reales (US$ 119.103.773,58). Además, cobraron la devolución de valores en los tribunales y expulsaron a la compañía de la entidad en 2016.
Durante el juicio, un vocero de la CCEE resumió la movida de Ferreira en estas palabras: “Vendió lo que no poseía, aumentó las ganancias de la venta de energía y, en lugar de depositar con CCEE para que esta Cámara asigne las cantidades a los agentes que se vieron afectados por el incumplimiento de la Unión, simplemente eligió embolsarse 30 millones de reales (US$ 7.075.471,70)”.
En julio del año pasado, la jueza Mónica Gantus Encinas, del 3er Tribunal Civil de São Paulo, ordenó a todos los acusados que pagaran el monto total adeudado, pero ordenó a un experto técnico que determinara cuáles son estos montos a pagar. En marzo de este año, los magistrados de la 36ª Cámara de Derecho Privado de la Corte de Justicia de São Paulo negaron la apelación de la Unión y confirmaron la condena.
La semana pasada, los condenados presentaron una última apelación ante el Poder Judicial de São Paulo y deberían apelar ante la Corte Superior de Justicia (STJ) en caso de una nueva derrota.
En el momento del incumplimiento, Ferreira era socio minoritario y director comercial de la Unión que tenía a Francisco de Lavor (su exsuegro) como agente. Pero su familiar trató de defenderlo diciendo: “La gestión de la empresa es mía. No tiene responsabilidad”, según reporta la versión en línea del periódico brasileño Estadão de São Paulo.
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