El proyecto de eliminación de privilegios será analizado mañana por la Cámara Baja, y establece, además del recorte de salarios, el fin de un sinnúmero de beneficios en la función pública.
Los escandalosos salarios ahora ya no podrán ser superiores al del presidente de la República, quien percibe al mes G. 37 millones, y en esa línea también están en la mira las binacionales Itaipú y Yacyretá, donde los salarios de sus directores y muchos altos funcionarios superan los G. 100 millones.
Ese es uno de los puntos establecidos en el proyecto de ley que ya fue aprobado días atrás en el Senado y que mañana será analizado por la Cámara de Diputados.
Los legisladores de la Cámara Baja aprobarán el documento, pero con modificaciones, siempre respetando la esencia, según subrayaron. Uno de los puntos que van a proteger es el salario de policías y militares, que fue recortado en el plan aprobado en Senadores, y además limitarán el pago a asesores del Gobierno.
Con este proyecto, además de reducir los altos salarios, se apunta a eliminar los cuestionados cupos de combustible; el carnaval con los servicios de catering y el uso discrecional de las líneas de telefonía. Los viajes también estarán limitados a dos, con algunas excepciones; y también se controlan los nombramientos de asesores y parientes en la función pública.
Esta medida alcanza al presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, parlasurianos, gobernadores y miembros de juntas departamentales, intendentes y juntas municipales. Se decidió exceptuar a municipios de tercera categoría, sin mayores detalles.
Los ministros del Poder Ejecutivo también están incluidos, así como la máxima autoridad y los consejeros o autoridades con rango similar de entes autónomos y autárquicos; de entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, mixtas y entidades financieras oficiales.
Tampoco se salvan los generales de las Fuerzas Armadas ni los comisarios generales y oficiales generales de la Policía Nacional.
El proyecto incluye además al rector y vicerrector de la UNA (Universidad Nacional de Asunción) y las demás universidades nacionales, y los decanos de las facultades.
Otros considerados con rango superior son los ministros de la Corte y del Tribunal Superior de Justicia Electoral; fiscala general del Estado; contralor y subcontralor; defensor general de la Defensa Pública; defensor del Pueblo y adjunto, y los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
SANCIONES. Se establece que el incumplimiento será considerado como lesión de confianza y que el Ministerio Público procederá a abrir una investigación de oficio y/o denuncia de parte.
Se estipuló además que será considerado como mal desempeño de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.
De concretarse los cambios anunciados en Diputados, el proyecto debe volver a ser analizado por el Senado, y luego pasará al Ejecutivo, que tiene la opción de la promulgación o el veto.
Fuente: Última Hora
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