Un informe del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) señala que unos 121 funcionarios estatales recibieron el subsidio de G. 500.000 del Programa Ñangareko, destinado por el Gobierno Nacional a familias vulnerables como una medida de contingencia ante la pandemia del Covid-19.
El Instituto de Derecho y Economía Ambiental realizó un cruce de información pública y detectó que por lo menos 121 trabajadores del Estado, que cobran sus salarios normalmente, fueron beneficiados con el pago de Ñangareko.
La organización IDEA sostiene en su informe que además de estos datos confirmados podrían haber más casos similares, puesto que el 43% de las instituciones estatales no tienen actualizadas las nóminas de sus funcionarios en la Secretaría de la Función Pública.
Se detectó que fueron beneficiados trabajadores del Ministerio de Salud Pública, agentes de la Policía Nacional y una mayoría amplia de funcionarios de Municipalidades, que perciben bajos salarios.
El subsidio de G. 500.000 del Programa Ñangareko fue destinado por el Gobierno a las familias más vulnerables, como ayuda alimentaria en el marco de la Ley de Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19.
La lista completa de estos funcionarios con sus datos y las instituciones a las cuales pertenecen fue entregada por IDEA a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para su investigación correspondiente.
Dicho expediente tiene el número 9399 para que cualquier interesado pueda hacer el seguimiento correspondiente.
Según la organización, ya se entregaron 259.663 pagos del programa Ñangareko, de los 330.000 previstos.
«Las medidas correctivas deben ser tomadas cuanto antes para evitar que en estas 70.000 transferencias restantes no se le transfiera también a personas que no deberían recibir este apoyo, según la ley de emergencia», afirma IDEA.
El instituto utilizó los datos abiertos del Estado, que son de acceso público, y que establece la Ley 5189/14.
Además, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) publicó los datos de las personas beneficiarias del programa, como una medida para transparentar la asistencia.
Tampoco debían recibir esta asistencia las personas que reciben subsidios de otros programas sociales, como Tekoporã, pensión de adultos mayores o pensiones jubilatorias.
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