La postura de los legisladores que conforman la Cámara de Senadores respecto a las necesidades de endeudamiento que tiene el país para lograr la reactivación económica, tras los efectos de la pandemia del Covid-19, es una situación que genera preocupación al interior del sistema financiero.
El economista César Barreto, miembro de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende) y directivo del banco Familiar, advierte que se requiere de recursos adicionales no solo para la ampliación del Fondo de Garantías para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fogapy), sino también para la inversión en obras públicas y la extensión de los programas de transferencias de recursos a los sectores menos favorecidos.
El ex ministro de Hacienda estima que se requiere de un endeudamiento adicional de aproximadamente USD 1.250 millones hasta finales del 2021, para un programa de inversiones públicas que enfrente adecuadamente los impactos económicos y sociales de corto plazo de la pandemia.
Para el efecto, plantea trabajar en un único flujo de caja del Tesoro Público hasta por lo menos diciembre del año próximo, ya que el crédito será necesario una vez que las empresas tengan cierta expectativa de recuperación económica, situación que, reconoce, aún no se avizora con claridad.
La transparencia con que el Ministerio de Hacienda administre los fondos ya aprobados por el Congreso Nacional, y que se encuentran disponibles, es vital para lograr la adhesión a su pedido de ampliación de recursos, agrega Barreto.
“Más que nunca los parlamentarios y la ciudadanía deben tener claridad en esto, y es responsabilidad del Ministerio de Hacienda actuar con total transparencia con relación a la situación económica y los desafíos que plantea una apertura gradual de los distintos sectores económicos para empezar a trabajar de vuelta”, asevera.
El jueves pasado, la Cámara Alta rechazó la intención del Poder Ejecutivo de recurrir a nuevos créditos para la ampliación del Fogapy y la extensión de este programa a grandes empresas, con el argumento de que existen recursos disponibles aprobados con la Ley de Emergencia Económica para el efecto, por alrededor de USD 1.600 millones.
Además, los legisladores lanzaron duros cuestionamientos a los bancos de tratar de asegurar solo sus intereses y lucros, y no ayudar a superar la presente crisis.
Este proyecto de ley, con media sanción de Diputados, modifica varios artículos de la Ley 5628 que crea el Fogapy y deberá volver ahora a la Cámara Baja. Si Diputados se ratifica en lo que aprobó en la primera instancia, será el Senado el que tenga la decisión final.
EXCLUSIÓN. Para Juan Carlos Martin, directivo del banco Atlas y miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), el Fogapy no está teniendo la fluidez necesaria debido al obstáculo que representa el tope de tasas de interés que se estableció para la utilización de este fondo.
El empresario financiero admite que los pequeños comerciantes quedan excluidos de este sistema debido a que su nivel de riesgo no puede administrarse dentro del rango de hasta 10% de interés en que pueden ser otorgados los préstamos que son cubiertos por el Fogapy, con lo que se repite la experiencia que se tuvo con la legislación de tarjetas de crédito.
El directivo de Atlas considera que se necesita poder accionar en un rango de 10% a 20% para otorgar créditos más pequeños, como de G. 20 millones, y asegura que la competencia de los bancos por la captación de clientes generará la reducción de las tasas de interés.
“(Con el Fogapy) se atiende al segmento alto, donde el riesgo es menor y los costos son menores, fue un error ponerle tope de precio”, asevera Juan Carlos Martin.
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