Cancillería califica de irresponsable a representante de Naciones Unidas por «insinuar alteración de los hechos»

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La Cancillería respondió este domingo con un comunicado al representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió esclarecer la muerte de dos niñas en el operativo de la FTC en Yby Yaú. El Ministerio lo calificó de «irresponsable».

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de irresponsable al representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por «insinuar una posible alteración de los hechos», al pedir que se esclarezca la muerte de dos niñas en un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Yby Yaú, el pasado miércoles.

«(La Cancillería) Rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado», señala el comunicado que emitió la cartera estatal en la tarde de este domingo.

«(Este) hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina de la Alta Comisionada llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo», añade el escrito.

Jan Jarab, representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó mediante otro comunicado este domingo que Paraguay debe investigar sin demora y de forma imparcial «las muertes de dos niñas durante un operativo realizado esta semana por agentes del Estado».

 

“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, lamentó el representante Jarab.

El representante también mencionó que su oficina recibió “información inquietante” sobre intentos por manipular evidencias de lo ocurrido, y consideró «crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos, particularmente el Protocolo de Minnesota”, en referencia al Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias.

Según el comunicado, Jarab subrayó que la investigación debe indagar en las responsabilidades directas en el incidente, pero también en todo el nivel jerárquico involucrado en la operación, así como en la posible alteración del lugar de los hechos.

Mientras tanto, en el comunicado difundido por Cancillería, se manifiesta que la institución no recibió ninguna solicitud por parte de la Oficina dependiente de la ONU y considera que «sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos».

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también aclara en su respuesta al representante de Naciones Unidas que «el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República».

El enfrentamiento que ocurrió el pasado miércoles entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ha generado bastantes cuestionamientos y controversias.

 

Organizaciones sociales, religiosas, internacionales y hasta representaciones diplomáticas del Gobierno argentino han reclamado el esclarecimiento del procedimiento debido a las confusas actuaciones.

Este sábado se confirmó, tras un estudio de los cuerpos de las niñas que fueron presentadas como abatidas, que ambas tenían 11 años y algunos meses.

En principio, el Gobierno informó que se trataba de adolescentes, cercanas a la mayoría de edad; además la ciudadanía cuestiona el actuar del Ministerio Público en la investigación.

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