La ley que establecía la transferencia de las tierras conocidas como Marina Cué fue totalmente vetada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Representantes del Poder Ejecutivo argumentaron que la norma entraba en contradicción con la ley de Deforestación Cero.
Hernán Huttemann, asesor jurídico de la Presidencia de la República, encabezó una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno en la que anunció que Mario Abdo Benítez ya firmó el decreto por el cual se veta totalmente la ley que buscaba transferir al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) más de 1.700 hectáreas para convertirlas en un asentamiento.
Se trata de Marina Cué, las tierras en las que el 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento. La masacre derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. Actualmente, las tierras son ocupadas por varias familias.
«Venimos para anunciar que el presidente de la República firmó el decreto por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley 6.700/2020, del caso conocido con el nombre Marina Cué. El proyecto pretendía desafectar del dominio público 1.700 hectáreas y transferir al Indert a los fines de la Reforma Agraria. Desde el análisis jurídico que realizamos con Infona, Indert y el Mades, llegamos a la conclusión de que estaríamos frente a una contraposición entre lo que establece el proyecto y lo que prevé la Ley de Deforestación Cero recientemente promulgada», indicó el funcionario.
La decisión fue tomada a pesar de que el propio Abdo Benítez había festejado cuando el Congreso sancionó el proyecto de ley. «No tuvieron que cerrar rutas, no tuvieron que invadir propiedades en nuestro Gobierno, no tuvieron que quemar tractores. Hay una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban un pedazo de tierra para trabajar», declaró en diciembre el primer mandatario en un discurso, en referencia al conflicto por Marina Cué.
Ejecutivo propone entregar a familias 806 hectáreas
Por su parte, la presidenta del Indert, Gail González, comentó en la conferencia de prensa de este miércoles que la alternativa que el Gobierno propone ante el conflicto por estas tierras es un nuevo proyecto de ley para destinar 806 hectáreas no boscosas de la reserva Yberá a un asentamiento campesino.
«Se debe presentar un nuevo proyecto en el cual se desafecte del área de reserva 806 hectáreas para que ellas sean transferidas al Indert. Una vez transferidas al Indert, nosotros nos hacemos cargo del loteamiento conforme a un censo real y en el terreno, para identificar a todas las familias beneficiadas», afirmó González.
Sobre el punto, afirmó que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley en el Congreso próximamente y que la propuesta es acompañar la transferencia de los inmuebles con la construcción de casas a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la implementación de proyectos de producción campesina a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la provisión de energía eléctrica a la comunidad por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
«Hubiesemos querido resolver este tema pero lo que tenemos en este momento disponible sin bosques desde el año 1992 según las imágenes que hemos mirado son estas 806 hectáreas», recalcó González.
En ese sentido, aseguró que líderes de la comunidad que actualmente vive en Marina Cué manifestaron entender que hay una necesidad de preservar los bosques de la zona y aceptaron la propuesta.
Tras señalar que la cantidad de hectáreas a ser repartidas se redujo de más de 1.700 a 806, la presidenta del Indert repitió que se deberá realizar «un censo real» de las familias beneficiarias y que ella misma irá puerta a puerta a ver quién vive ahí. Dijo que hoy «se habla de 130 familias», pero se debe realizar el trabajo en terreno.
Por su parte, la presidente del Instituto Forestal Nacional (Infona) Cristina Goralewski dijo que el veto responde a una «realidad jurídica insalvable» y que la ley de deforestación cero contempla que autorizar un cambio de uso de suelo de una reserva boscosa a un asentamiento humano es incluso un hecho punible.
El proyecto de ley que rechazó Abdo declara de interés social y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61 del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, que está a nombre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la transfiere a favor del Indert.
La misma norma contempla que otro inmueble que sería transferido y compensado por el Indert al Mades. Esto responde a la preservación y protección especial como área silvestre protegida de interés público. Se trata del inmueble de matrícula Nº N05/733 de Karapai, y padrón Nº 736 de Karapai, y los declara como área silvestre protegida bajo dominio público.
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