Los diputados de Honor Colorado pedirán que la objeción del Poder Ejecutivo sea tratada ya en el Cogreso. El sector había votado a favor de la expropiación, pero luego cambió de postura.
El líder de la bancada de Honor Colorado de la Cámara de Diputados, Basilio Núñez, comunicó que solicitarán a la Comisión Permanente del Congreso Nacional, junto con los diputados Raúl Latorre, Del Pilar Medina, Blanca Vargas y Miguel Del Puerto, que el veto total a la ley de Marina Cué sea tratado.
Igualmente, confirmó que aceptarán el veto. Esto luego de que este sector haya votado inicialmente por la aprobación del proyecto, pero más tarde se dio un cambio de postura.
Núñez explicó que primó el factor ambiental, por lo que decidieron rectificar su posición, señalando que es una potestad constitucional de cada legislador votar a conciencia. “Lo ambiental es de interés general y debe estar por encima de los intereses particulares o grupales”, alegó.
El proyecto había sido presentado en el Senado y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se había referido a la propuesta como una reivindicación para los campesinos de la zona de Marina Cué, ya que, en esas tierras, el 15 de junio de 2012, 11 campesinos y seis policías murieron en un enfrentamiento. La masacre derivó en la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República. Actualmente, las tierras son ocupadas por varias familias.
Sin embargo, posteriormente, Abdo retrocedió en su idea argumentando que la norma se contraponía con la Ley de Deforestación Cero.
Como compensación, el Gobierno –según anunció la presidenta del Indert, Gail González– propone un nuevo proyecto de ley para destinar 806 hectáreas no boscosas de la reserva Yberá a un asentamiento campesino.
La reacción de la concertación Frente Guasu fue la más crítica. El sector repudió la decisión del presidente y lo acusó de una motivación por intereses económicos y políticos, y de haber sido presionado por grupos de poder.
Resaltaron su incapacidad para gobernar y lo calificaron de débil y desorientado.
Lamentaron el hecho considerando que, según apuntaron, Marina Cué es un ejemplo de la apropiación irregular de tierras públicas por parte de personeros y amigos del stronismo.
El sector campesino también repudió el veto y reclamó que el mandatario no actúe con autonomía. “Acá los sojeros y ganaderos no están de acuerdo con la transferencia y lastimosamente el presidente actúa como un títere”, manifestó el dirigente campesino Darío Acosta.
“Hay que tener en cuenta que las 1.700 hectáreas de Marina Cué, hace años tienen una fracción sin bosques”, aseguró Acosta.
El labriego añadió que organismos no gubernamentales se manifestaron en contra de la cesión de las tierras, alegando que la zona de Marina Cué es un “santuario ecológico”, pese a que eso es mentira, ya que grandes porciones ya no son boscosas.
1.748
hectáreas de tierra buscaba la ley vetada transferir al Indert para que sean convertidas en un asentamiento.
806
hectáreas no boscosas de la reserva Yberá forman parte de la propuesta del Gobierno como alternativa.
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