Itaipú apela fallo que le obliga a proveer información pública

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El pleno del Consejo de Administración de Itaipú. Foto: Archivo ÚH.

La Itaipú Binacional accionó contra la resolución que emplazó a la hidroeléctrica por 10 días para conceder los datos sobre las sesiones del Consejo de Administración.

El abogado de Itaipú Binacional, Óscar Bogado, apeló la resolución del juez José Guillermo Trovato, que emplazó a la represa por 10 días para proveer los datos sobre las reuniones de su Consejo de Administración.

Esto se da a raíz de un pedido de información pública para conocer el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, desde el 15 de agosto de 2018, además de la posición de los consejeros paraguayos, el sentido de su voto y sus argumentos.

El caso se originó con un amparo presentado por la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, a través de Rubén Penayo y Beatriz Pompa, secretario general y adjunta del citado gremio, bajo patrocinio de los abogados Alejandro Vera y Juan Granado, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Este martes, el juez Trovato admitió el amparo contra la Itaipú, luego de no hacer lugar al pedido hecho por la Itaipú para que la Corte se expida sobre la constitucionalidad de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Según el juez, la Ley de Acceso a la Información afecta a las binacionales, por lo que la entidad es una fuente de información pública. También sostuvo que en más de siete años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Itaipú nunca planteó una acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa.

Al presentar el amparo, la organización de comunicadores argumentó que Itaipú hasta el momento les dio una lista de la cantidad de sesiones hechas por el Consejo de Administración, pero no el orden del día, las actas ni la posición, los votos y los argumentos de los consejeros paraguayos.

Rubén Penayo había mencionado que el Consejo de Administración aprobaba todos los años un presupuesto de 3.200 millones de dólares, por lo que la ciudadanía tenía derecho a saber el destino de todo ese dinero, ya que representa nada menos que un cuarto del presupuesto general del país.

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