El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, dijo que la multa es de G. 600.000 para los legisladores que no justificaron su inasistencia a la sesión extraordinaria de este jueves.
La Cámara de Diputados no pudo volver a sesionar por segunda vez consecutiva este jueves por falta de cuórum. Ante la falta de interés de una gran mayoría, se dispuso multar a los legisladores que se ausentaron en forma injustificada.
El pleno necesitaba contar con 41 parlamentarios presentes, como mínimo, para poder iniciar la sesión extraordinaria prevista para esta jornada, pero no se reunió la cantidad necesaria. De 80, solo asistieron 35.
Un total de 45 diputados se ausentaron este jueves, de los cuales 20 habrían justificado su inasistencia.
El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR), explicó que la multa establecida para los parlamentarios en caso de llegada tardía es de G. 300.000 y por ausencias injustificadas y reiteradas es de G. 600.000.
Mencionó que en el transcurso de la tarde se publicará una lista de los que estuvieron ausentes.
El diputado Sebastián Villarejo (PPQ), por su parte, manifestó que es una suma que «no les hace ni cosquillas» a los parlamentarios, cuyos salarios rondan los G. 30 millones.
Kattya González (PEN) también se pronunció al respecto y expresó que, en caso de que haya tres ausencias consecutivas o cinco alternadas, se debería activar el mecanismo de remoción a los parlamentarios, conforme a lo que establece la legislación.
«Esta es una figura muy audaz y un planteamiento muy audaz, pero que está habilitado por la Constitución Nacional, donde dice que la facultad disciplinaria es nuestra. Entonces, nosotros tendríamos que pedir con sus ausencias la inhabilidad y con eso opera el mecanismo de la sustitución», subrayó.
Este jueves se debían analizar proyectos que quedaron pendientes en la sesión extraordinaria del miércoles, que también se quedó sin cuórum en la víspera, y donde solamente se trataron tres temas.
Entre los más importantes a ser tratados estaban la eliminación de los cupos de combustibles para el sector público y un proyecto que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, además de ampliar la Ley 5295/2014, que prohíbe el nepotismo en la función pública.
Este último, al parecer, es resistido por los legisladores, ya que en su artículo 22 establece que las personas que ocuparon altos cargos públicos no podrán trabajar en empresas del sector privado con las que mantuvieron vinculación directa en contrataciones.
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