Los distintos gremios industriales y de la producción se pronunciaron contra la ley sancionada por el Congreso, por la cual se busca despenalizar las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Aseguraron que esto favorecerá a la impunidad y la corrupción.
Los distintos gremios aseguraron en su comunicado que “las declaraciones juradas de funcionarios públicos no deben ser despenalizadas porque abre la puerta a la impunidad, corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia» en un comunicado emitido este miércoles.
Asimismo, indicaron que la Declaración Jurada es una obligación contemplada en la Constitución Nacional “que se fundamenta en transparentar” las actuaciones de los funcionarios públicos. Además, se hace un llamado a las instituciones a que verifiquen el contenido de los documentos “para no ser cómplices o encubridores”.
La nota recordó que, tras la sanción del Congreso, el presidente de la República tiene en sus manos la herramienta que le permite vetar el documento y de esta manera, “demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, ‘caiga quien caiga’”.
El documento está firmado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
La oposición aseguró que esta normativa, con los cambios hechos en el Congreso, busca despenalizar el ocultamiento de bienes, mientras que los cartistas aseguran que esto solo pretende que no se sancione a los olvidadizos.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el documento aún fue remitido por el Congreso y que, una vez que se dé mesa de entrada, se tienen seis días para promulgar o vetar.
La ley ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19’”.
La propuesta original fue presentada por la Contraloría General de la República en Diputados, donde tuvo algunos cambios y fue remitida al Senado, donde se consignó la controversial modificación que permite dejar sin sanciones a quienes omiten bienes en sus presentaciones.
Fuente: Ultima Hora
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