26 campesinos fueron detenidos por militares, 10 están desaparecidos desde entonces. Testigos vieron a los campesinos atados de manos y pies en la zona de Collante Cué. La colonia Nueva Esperanza estaba conformada por integrantes de las Ligas Agrarias. Los campesinos venían a Asunción a pedirle al IBR la titulación de sus tierras.
“Nos enteramos por el noticiero que fueron asesinados 10 campesinos, decían que eran terroristas, comunistas, subversivos, de todo dijeron de ellos. Pero lo que yo sé es que mi papá era maestro de la escuela, le enseñaba a los chicos a escribir. Mi papá era colorado e igual le decían comunista, terrorista”, relata Cristina, hija de José Estanislao Sotelo, uno de los diez desaparecidos del caso Caaguazú.
El 8 de marzo de 1980 un grupo de campesinos de la colonia Acaraymí, Alto Paraná, abordó un ómnibus rumbo a la capital con la intención de denunciar una persecución para expulsarlos de sus tierras. Nunca llegaron a la capital, a las oficinas del Instituto de Bienestar Rural, por el camino fueron detenidos y objeto de una brutal y sangrienta represión.
Sucedió en la compañía San Antonio, en un lugar conocido como Collante Cué en el distrito de Juan Manuel Frutos, en el Departamento de Caaguazú. Hoy, 42 años después, por fin los familiares de los diez campesinos desaparecidos pueden participar de la excavación para buscar los restos de sus hermanos y padres. Al frente de la labor se encuentra Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia.
Nueva Esperanza. En 1971 un grupo de familias se trasladó desde Misiones hasta el Alto Paraná, y con la autorización del Instituto de Bienestar Rural (IBR), se establecieron en Acaraymí, a unos 40 kilómetros de Ciudad del Este, donde fundaron una colonia con el nombre Nueva Esperanza. Sin embargo, la apacible vida que se imaginaron los campesinos se vio interrumpida por conflictos que se iniciaron cuando apareció Olga Mendoza de Ramos Giménez, conocida como Ña Muqui, quien era esposa de un general y que reclamaba las tierras ocupadas por los campesinos. Los colonos se negaron a dejar el lugar y ahí comenzó el hostigamiento; hubo de todo, los detenían en forma arbitraria, los torturaban y quemaban sus casas y sus cultivos.
Cuando ya no soportaron las amenazas y las agresiones, los campesinos decidieron ir hasta la capital, hasta el IBR, a reclamar la titulación de sus tierras. Y en el momento en que 26 campesinos abordan un ómnibus rumbo a Asunción es donde comienza el caso Caaguazú.
Verdad y Justicia. Cristina Sotelo en 1980 era una adolescente, pero recuerda bien que a su padre ya lo habían llevado preso antes. “La primera vez que le agarraron anteriormente le secuestraron dos años, le tuvieron un año y dos meses, y después en diciembre le llevaron otra vez de la comunidad, cuando eso duró 1 año 6 meses. Después, en el 80 ya no volvió…”. Comenta que la represión, tras la matanza de Caaguazú alcanzó a las familias que quedaron en Acaraymí, “a algunos que eran hermanos, hermanas, igual les controlaban y les perseguían”.
Rogelio Goiburú, de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica explica que desde la época de la Comisión Verdad y Justicia, cuando se hizo cargo del área de investigación y búsqueda de detenidos desaparecidos en la época stronista investiga este caso. El lugar exacto donde se encuentran excavando es conocido como Collante Cué, cuyo propietario era Juan Ramón Collante hoy ya fallecido, sin embargo su hijo está colaborando.
Atados. “Según el testimonio del propio hijo de Collante, la noche del 12 de marzo de 1980 Lilio cuenta que vio a 6 de los campesinos, atados de pies y manos en una casita que tenían allá, y después uno de los militares les ordenó que trajeran los cuerpos hacia acá (El lugar de la excavación) No sabemos dónde los habrán enterrado, puede ser en los pozos de los Mbya o en estos lugares donde estaban los aserraderos, por esto estamos buscando acá”.
Comenta Goiburú que ya han excavado varios pozos y hasta ahora solo han hallado un pedazo de ladrillo, un fragmento, que no tendría por qué estar en el lugar, y un clavo de metal, que bien podría ser de un tronco o de algo relacionado con el aserradero, además de un alambres de hierro muy grueso, que probablemente se usó para hacer un torniquete, o ajustar algo. Los actuales propietarios de la propiedad son menonitas y según Goiburú nunca colaboraron, y muy al contrario pusieron palos en la rueda para que no se investigara. “Como ellos no quisieron colaborar tuvimos que entrar a trabajar con una orden judicial. En otros lugares de nuestro país ingresamos sin ningún problema con el apoyo del propietario”, explica.
¿Dónde están? Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica, acompañado de familiares de desaparecidos del caso Caaguazú. Foto: Raúl Cañete.
Carmelo Verdún, aguantando el intenso calor y las cuatro décadas de angustia relata que está aquí para buscar a su hermano, Feliciano Verdún, desaparecido en 1980. Su hermano tenía 32 años y cinco hijos pequeños; uno de ellos ya crecido hoy también está presente en la búsqueda de los restos de su padre.
Tras la masacre de Caaguazú, explica Carmelo que estuvo escondido una semana, un grupo de soldados rodeó su casa en Acaraymí y se lo llevaron. “Me llevaron preso a la Delegación del gobierno y después a Investigaciones. Mucho me torturaron ahí y me liberaron a través de los derechos humanos y de la iglesia. En la cárcel estábamos desnudos, pasamos hambre y frío, nadie nos podía visitar”.
Degollados. La pregunta obligada es, ¿qué pasó con los campesinos desaparecidos? Según el doctor Goiburú, a algunos de los 10 desaparecidos los mataron en este monte porque ellos corrieron y con ametralladoras les mataron. A otros los agarraron vivos, los torturaron y los mataron en torturas. Mientras que a otros, heridos y a punto de morir, los terminaron degollando. “Testigos dicen que acá cerca de la casa de los Collante había un galpón, y ahí les tuvieron a seis, antes de enterrarlos acá, a esos 6 los vieron con vida. Lilio Collante les vio con vida, el relata que estaban muertos de sed y que decían en guaraní “royuséeterei por favor”, y cuenta que su mamá les dio de tomar agua con un jarro lata. Después de eso, a la medianoche les alzaron a un vehículo del ejército, les trajeron por un tape po’i, y no sabe bien a dónde les dejaron”.
El de Caaguazú fue un operativo netamente militar, comenta Goiburú, aunque también hayan participado civiles de la zona pues fueron movilizados los pyragués. Y, con el afán de ponerle un nombre a la brutalidad, se señala a los responsables: “En aquella época estaba el general Arza, estaba el coronel Rivas el general Ricardo Bogado Silva, todos ellos ya han fallecido, pero es obligación de la Fiscalía y de la justicia solicitar la lista de todos los militares que cumplieron funciones en esa época, tanto en el Batallón Escolta Presidencial como en la Segunda División de Infantería con asiento en Villarrica. Este es un delito de lesa humanidad que cometió el Estado paraguayo, y que les usó a ellos como instrumento para el crimen que cometieron”.
Crímenes. Basilia Castillo busca a su hermano Fulgencio, y promete luchar hasta el fin, “hasta que encontremos los huesos de nuestras familias, ese es mi objetivo”; y agrega que es una lástima lo que les hicieron, pues ellos solo querían un pedazo de tierra. “Mi papá y mi mamá se murieron de pena, ombyasy eterei imemby“.
Goiburú afirma que los campesinos no suponían ningún riesgo al sistema, ellos venían para reclamar la titulación de sus tierras; y que esto es responsabilidad del Estado paraguayo. “El Estado cometió estos crímenes y es el Estado el que tiene que reparar y además tiene que promover políticas de derechos humanos para que esto nunca más vuelva a ocurrir.
Mientras tanto Cristina Sotelo indica que desde el principio sabían que aquí les asesinaron y les tiraron; y que a los 42 años van a seguir buscando, “hasta que les encontremos vamos a estar aquí”.
Las condenas contra el Estado paraguayo por violaciones de derechos humanos
El Estado paraguayo ya ha recibido varias sentencias por demandas que fueron presentadas ante la Corte Interamericana, que es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, instituciones judiciales autónomas cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana.
Las sentencias de la Corte no siempre se cumplen, y algunas se han cumplido a medias, tal es el caso de las sentencias que corresponden a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek. Estos pueblos indígenas piden la restitución de las tierras, y reclaman el derecho a la tierra ancestral de la comunidad. Mientras el Estado paraguayo no cumple con ellos, se ven obligados a vivir en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Otro caso es el del incendio en el Panchito López. El incendio del Instituto de Reeducación del Menor Panchito López ocurrió el 11 de febrero del año 2000. El Estado debió resarcir económicamente a los familiares y proveer tratamiento médico para los afectados, y además expresar las disculpas públicas.
En el año 2006, la Corte Interamericana condenó al Estado paraguayo por el asesinato del soldado Gerardo Vargas Areco, ocurrido el 30 de diciembre de 1989, en la II División de Infantería de Villarrica, Departamento del Guairá. De acuerdo con la sentencia, el Estado debía modificar la ley del Servicio Militar Obligatorio, indemnizar a la familia, realizar cursos sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas y proveer de tratamiento médico a los afectados. Algunas de las condiciones no siempre se cumplen.
El Estado violó el derecho a la vida, a la seguridad, a la educación, a la salud, entre otras cosas, por el hacinamiento en la cárcel de menores, conforme con la decisión de la Corte Interamericana.
Por otro lado, por la desaparición de Agustín Goiburú y otros, tuvieron que transcurrir casi 30 años desde la caída de la dictadura, y 12 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado paraguayo a ofrecer disculpas y reparaciones a los familiares de Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello y los hermanos Rodolfo Feliciano Ramírez Villalba y Benjamín De Jesús Ramírez Villalba, víctimas detenidas, torturadas y desaparecidas por la dictadura stronista. El pedido de disculpas fue en un acto público en la Plaza de los Desaparecidos, en las cercanías del Palacio de Gobierno.
El gobierno cumplió con parte de la sentencia de manera apurada porque ya se acababa el máximo plazo legal que se podía dilatar una sentencia de la Corte sin exponerse a un mayor bochorno internacional. Cabe recordar también que el presidente de la República de aquel entonces, Horacio Cartes, no asistió al acto.
Fuente: Ultima Hora
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