Pequeñas constructoras, especialmente del interior del país, se encuentran ante la situación de necesidad por la falta de pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas. En ese sentido, acusan a una funcionaria de la institución de no liberar las transferencias, para priorizar a empresas “amigas” del Gobierno actual.
El Ministerio de Obras Públicas mantiene una deuda de 200 a 300 millones de dólares con las empresas contratistas, que a la vez son las que subcontratan a pequeñas constructoras del interior del país para llevar a cabo las obras.
Son estas pequeñas constructoras las que se ven más afectadas por la situación, ya que sin el pago del MOPC, se les vuelve complicada la sostenibilidad de sus empresas y por ende se generan innumerables pérdidas de empleo.
Al respecto, el economista José Luis Rodríguez Tornaco, indicó que de acuerdo a las averiguaciones realizadas, el dinero se encuentra depositado por parte de Hacienda en Obras Públicas, pero no es liberado para el pago a las empresas por una decisión unilateral de la jefa de Gabinete y presidenta del Comité de Evaluación de Obras, Josefina Adriana Romero viuda de Mazzoleni.
La funcionaria asumió el cargo de Jefatura en el 2019 y desde ese entonces acompañó a Arnoldo Wiens en toda su gestión. La denuncia de las empresas contratistas es que otras firmas más allegadas al Gobierno sí tienen el privilegio de contar con el pago por parte del MOPC, quedando en deuda con las demás.
Fuente: HOY
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