En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior firmó el contrato con la empresa adjudicada en la licitación de la expedición de cédulas electrónicas, pese a un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por irregularidades.
En noviembre del mismo año, una denuncia publicada por Última Hora deja en evidencia que la licitación para la compra de un nuevo sistema de cédulas electrónicas registraba varias irregularidades. Empresas oferentes señalaban que el pliegue de bases y condiciones fue hecho a medida de una firma internacional.
Uno de los requerimientos obligatorios del pliego de bases y condiciones establecía que la empresa adjudicada sea fabricante del chip que utilizarán las tarjetas de identidad expedidas, lo que limitó a las demás empresas.
Así también, el oferente debía comprobar de manera obligatoria que prestaría servicios de solución instantánea de documentos de identidad en América Latina, requisito que solo cumplía la empresa francesa que presta servicios en Uruguay y Perú.
El monto del contrato supera los USD 30 millones. El Ministerio del Interior adjudicó al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa internacional Gemalto y la paraguaya Solnet.
El senador Daniel Rojas López (PLRA) remitió a la Contraloría General de la República una nota a través de la cual solicita el control, supervisión y vigilancia del proceso licitatorio, por el cual, desde el Ministerio del Interior, se adjudicó la implementación de las cédulas electrónicas. El legislador cita una serie de supuestas irregularidades.
El senador Daniel Rojas López puso a conocimiento del contralor Camilo Benítez las supuestas irregularidades que se dieron dentro del proceso licitatorio para el “mejoramiento del sistema nacional de identificaciones y emisión de cédulas y pasaportes electrónicos en Paraguay”.
En su nota, el legislador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cita una serie de supuestas irregularidades que se dieron en el marco del proceso, como son el direccionamiento del pliego de bases y condiciones; la adjudicación sin un dictamen técnico de la Contraloría; el pago de anticipo sin un presupuesto garantizado; el uso de recursos del Fonacide y el incumplimiento de los plazos por parte del contratista.
El legislador describe, entre otras cosas, que además de no cumplir con el pliego de bases y condiciones en lo que respecta a los plazos, la contratista pretende modificar cuestiones técnicas, ampliar precios que no corresponden y que existieron supuestas sobrefacturaciones en obras civiles del proceso.
Asimismo, denuncia que para el pago de anticipos fueron utilizados recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Esto se realizó mediante el Decreto 8716 y sin contar con la autorización del Congreso Nacional, como lo establece la ley.
Fuente: Ultima Hora
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