El uso de drones vuelve al centro del debate tras la reciente filmación de la residencia privada del presidente Santiago Peña en San Bernardino. La captura de imágenes con este tipo de tecnología generó un cruce de opiniones sobre la normativa vigente y la necesidad de una ley que regule su uso con mayor precisión.
José Luis Chávez, director de Aeronáutica de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), explicó al canal GEN que existe un reglamento vigente sobre el uso de drones, aprobado en 2017 bajo la resolución 2170/2017. Este reglamento regula principalmente los sobrevuelos en zonas de influencia aeroportuaria, así como en lugares estratégicos como el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional, cárceles y otros sitios sensibles.
En relación con la filmación de la residencia presidencial, Chávez aclaró que la DINAC no tiene jurisdicción en este caso, ya que no se trata de un espacio aéreo controlado. “Más bien es un tema de seguridad del presidente y de su privacidad, que debe ser abordado por las fuerzas militares y el equipo de seguridad presidencial”, afirmó.
El funcionario también señaló que, en espacios prohibidos, algunos drones cuentan con bloqueos automáticos que impiden su despegue sin autorización. Sin embargo, destacó que en este caso específico no se violó ninguna normativa aeronáutica, sino que el asunto atañe a la seguridad del mandatario.
Proyecto de ley cajoneado en 2016
El abogado y exdiputado Óscar Tuma recordó que en 2016 presentó un proyecto de ley para regular el uso de drones en el país, el cual fue aprobado en comisiones, pero rechazado en el pleno del Congreso. Según Tuma, en aquel entonces se subestimó la importancia del tema, y algunos sectores argumentaban que la reglamentación podía ser manejada directamente por la DINAC.
El exparlamentario enfatizó que la ausencia de una ley deja vacíos legales en cuanto a la protección de la privacidad y la seguridad de las personas. “Hoy nos damos cuenta de que una regulación es más que necesaria, porque el uso irresponsable de drones no solo afecta la privacidad, sino que también puede generar accidentes o ser utilizado con fines delictivos”, advirtió.
Tuma destacó que su proyecto contemplaba la creación de un registro de pilotos de drones, con la exigencia de habilitaciones para operarlos. “Si un dron causa daños materiales o viola la privacidad de alguien, debe haber un responsable. Hoy cualquier persona puede comprar un dron y usarlo sin ningún control”, alertó.
El debate sobre la regulación de los drones cobra relevancia en un contexto en el que estos dispositivos pueden ser utilizados para espionaje, delitos o incluso atentados. Tuma instó a que se retome la discusión y se elabore una normativa que contemple la seguridad de todos los ciudadanos.
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