Este 20 de mayo se recuerda el Día Nacional de la Inclusión Laboral. Actualmente unas 1.800 personas con algún tipo de discapacidad están inmersas en la función pública, sin embargo más de 10.000 están fuera, de acuerdo con datos de un gremio.
El ministro de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Diego Samaniego, conversó con ABC Color y destacó los avances que hay en cuanto a la inclusión laboral en el país.
Comentó que desde la puesta en marcha de la Ley 3585/08, que obliga a las instituciones públicas a contar con más del 5% de personas con discapacidad en su nómina de funcionarios, desde el 2013 (inicio del gobierno del presidente Horacio Cartes) hasta la actualidad hay unas 1.800 personas cobrando rubros del Estado.
“A través de la ley estamos viendo que se cumple positivamente. Por la cantidad de funcionarios del sector Salud y Educación va a llevar un tiempo cumplir la ley, pero están con la apertura”, dijo Samaniego.
Contó que se está trabajando de cerca con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de la Función Pública para dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado. Añadió que también en el Senadis cuentan con asesoramiento y una bolsa de trabajo para los interesados.
Destacó la apertura existente en el sector privado, que también está dando espacios a personas con discapacidad a través de las ferias de empleos.
INCUMPLEN LA LEY
La diputada Olga Ferreira, de la comisión de Derechos Humanos, en contrapartida, había destacado que las instituciones públicas estaban incumpliendo con la ley Ley 3585/08. Aseguró que no solo se incumple la obligatoriedad de la inclusión dentro del plantel funcionarios en el porcentaje del 5%, sino que existen violaciones sumamente graves como que los contratados no cuentan con antigüedad y llevan más de 10 y 12 años trabajando para la misma institución.
“Hay ingenieros y otros profesionales que se encuentran trabajando, por ejemplo, en el call center, y no ejercen su profesión o no ponen en práctica o no prestan el servicio para el que se especializaron. Es violatorio desde todo punto de vista, se están avasallando derechos humanos y es gravísimo”, aseveró.
Por su parte el presidente de la Asociación de Funcionarios Públicos con Discapacidad, Julio González, dijo que apenas 1.700 de las 13.000 personas con discapacidad, en todo el país, se encuentran trabajando en las instituciones del Estado. “Sufren de discriminación porque los dejan en situación precaria por mucho tiempo. Urge una nueva modificación a la ley porque se establece la inclusión, pero no el nombramiento o que ejerzan funciones acordes a su preparación”, expresó.
“Las autoridades no nos tienen en cuenta, no existe voluntad política. Es necesario establecer en la ley, que se exija a los directores de Recursos Humanos a solucionar la situación contractual de los mismos con la desprecarización. Está el decreto del Ejecutivo que establece la desprecarización a los 4 años, pero este decreto al parecer no nos beneficia a nosotros. Hay compañeros con 9 años de contrato sin que hayan tenido vacaciones. Es muy grave”, culminó.
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