El fiscal antisecuestros Federico Delfino, uno de los que lleva el caso de los policías del puesto de Torín, Caaguazú, acusados por el rapto y extorsión de una pareja brasileña, alertó sobre dos medidas que consideran llamativas por parte del juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruiz. Mencionó que durante plena labor investigativa ya se intentó eliminar la figura de secuestro, además de que el magistrado otorgó medidas alternativas a la prisión, pese a la oposición del Ministerio Público.
“No estamos de acuerdo ni con el cambio de calificación, con el cercenamiento que nos hizo el Juzgado durante el periodo de investigación de 6 meses y tampoco estamos de acuerdo con el otorgamiento de medidas menos gravosas”, afirmó Delfino, comunicando que la Fiscalía apeló sobre todo el otorgamiento de arresto domiciliario a los seis uniformados acusados.
Si bien la Fiscalía finalmente se allanó a eliminar la figura penal de secuestro, por considerar que no se establecieron los presupuestos para acusar por dicho delito, lo que reclaman y consideran llamativo es que el Juzgado haya pretendido durante la etapa investigativa desestimar dicho presunto delito, y más aún que luego otorgó el arresto domiciliario.
Delfino consideró que fue un “cercenamiento” a las facultades legales de la Fiscalía y que no se consideró el riesgo de obstrucción a la investigación. “Existe el pedido de fuga por la alta expectativa de pena y existía el peligro de obstrucción, porque había un comisario y efectivos policiales de determinado rango que pueden incidir en la investigación, pero lastimosamente estas cosas no tuvo en cuenta el Juzgado”, reprochó.
Delfino indicó que finalmente no acusaron por secuestro, puesto que no contaban con los
presupuestos suficientes, pero agregó que igualmente esperan lograr una pena alta en este caso.
Los uniformados acusados son: el comisario Alcides Velázquez Iriarte y sus subalternos Eladio Inocente Giménez Caballero, Gustavo Armando Toledo González, Osmar Antonio Paredes Arrúa, Julio Darío Díaz Sosa, Walter Francisco Capdevila Benítez y Emilio Pérez Arce. Los mismos habría retenido contra su voluntad a una pareja de turistas brasileños, y les habrían plantado droga con el objetivo supuesto de extorsionarlos para obtener un pago millonario.
Los uniformados habían escoltando incluso a la mujer hasta el Brasil para que retire el dinero de un banco, a fin de liberar a su pareja que estaba retenida en Paraguay, pero finalmente la operación se frustró porque intervino la policía del vecino país.
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