En un sorprendente giro de los acontecimientos, se ha revelado que en los últimos tres años, la Defensoría Pública de Caaguazú ha dejado de lado aspectos fundamentales de su funcionamiento, dejando la responsabilidad de tareas básicas en manos de sus propios funcionarios. Esta situación ha generado preocupación entre la comunidad y ha destacado la desidia institucional en el cuidado y mantenimiento de la Defensoría Pública.
Según informes recientes, el sostenimiento de la Defensoría Pública de Caaguazú ahora recae en gran medida en el defensor a cargo, quien se ha visto obligado a asumir una serie de responsabilidades adicionales que van más allá de su función principal. Entre estas responsabilidades se incluye la limpieza de las instalaciones, la provisión de insumos básicos, el mantenimiento de servicios como Internet, e incluso el pago del servicio de recolección de basura.
Esta situación pone de manifiesto una clara falta de atención por parte de las autoridades competentes hacia una institución crucial para garantizar el acceso a la justicia de aquellos que no pueden costearse representación legal. La incapacidad o negligencia para proporcionar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Defensoría Pública es una afrenta a los derechos de los ciudadanos y socava la credibilidad y la eficacia de la institución.
Es especialmente preocupante que los propios funcionarios de la Defensoría Pública se vean obligados a asumir responsabilidades que no les corresponden, como la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Esto no solo afecta negativamente el ambiente de trabajo y la moral del personal, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de la institución para cumplir con su mandato principal de brindar asistencia legal a quienes lo necesitan.
Resulta evidente que se necesita una acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes para abordar esta situación. Es fundamental que se asignen los recursos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la Defensoría Pública de Caaguazú y que se tomen medidas para mejorar la gestión y la supervisión de la institución. Los ciudadanos merecen contar con una institución sólida y eficiente que defienda sus derechos y les brinde el apoyo legal que necesitan. La desidia institucional en la Defensoría Pública de Caaguazú no puede ser tolerada y debe ser abordada con urgencia.
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