Casi seis meses después, el juez en lo civil y comercial de Caaguazú, Uvaldo Aquino González, puede ser procesado por un hecho de supuesta “coima” de US$ 30.000, que fue relevado tras un procedimiento encubierto realizado en el mismo despacho del magistrado, el 16 de noviembre de 2016.
Esto significa que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte se tomaron casi seis meses para desaforar al imputado.
El juez Carlos Zelaya, de Caaguazú, notificó a los fiscales de Delitos Económicos Martín Cabrera y de Caaguazú, Alfredo Mieres, que aceptó el acta de imputación por cohecho pasivo agravado y se señaló para el viernes 19 de mayo, a las 8:00, la audiencia de imposición de medidas de Aquino.
Además, el magistrado fijó para el 28 de junio próximo el plazo de presentación del requerimiento conclusivo. Atendiendo a la dilación para el desafuero y procesamiento del juez, es casi un hecho que los fiscales pedirán prórroga extraordinaria.
De acuerdo a los antecedentes, el juez Uvaldo Aquino fue detenido en su propio despacho el 16 de noviembre del año pasado, tras recibir una “coima” de US$ 30.000.
El magistrado fue denunciado por un abogado por supuestamente pedirle una millonaria “coima” de US$ 150.000 para el dictamen de algunas resoluciones de regulaciones de honorarios por un trabajo realizado en la Colonia Berthal de J. Eulogio Estigarribia.
Tras una orden judicial, se procedió al seguimiento con cámara oculta del negociado entre el abogado y el juez registrado en videos y mensajes de WhatsApp.
Según la imputación, Aquino solicitó primeramente la suma de US$ 150.000, monto que posteriormente bajó a US$ 100.000 y finalmente quedó en US$ 30.000. Uno de sus funcionarios recibió el dinero en una estación de servicios de la zona.
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